Por lo menos 20 empresas han sido desmontadas en la Costa y trasladadas a regiones diferentes de esta zona del país, por el mal servicio y las pérdidas que les generaba la empresa Electricaribe.

Los usuarios domiciliarios y los propietarios del comercio de ciudades y pueblos de la región, también han reanudado sus quejas y sus denuncias, por la mala calidad del suministro eléctrico, desde que asumió la intervención de la empresa, por parte de la Superintendencia de servicios públicos.

Según los informes de gestión del agente interventor de la empresa Electricaribe, Javier Lastra, de los 3,8 billones de pagos entre el día de la intervención y septiembre pasado, 2,58 billones de pesos se usaron en compras de energía. Y, de esta suma, 1,13 billones de pesos se fueron en comprar la energía en la bolsa (el 44 por ciento), donde la volatilidad produce precios más altos.

Actualmente el dinero solo está alcanzando para los pagos de energía, la nómina, los proveedores y los impuestos, dejando muy poco margen para las inversiones. Sin embargo, el interventor calcula que cuando se materialice dicha garantía (no son claros los tiempos) se liberarían unos 70.000 millones mensuales de caja en la empresa.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que al estar intervenida ninguna entidad financiera le presta directamente, la Superservicios acudirá a una nueva garantía soberana para financiar el plan de inversiones que urge con necesidad a la empresa, buscando que sus elevados niveles de interrupciones en el servicio y de pérdidas de electricidad cedan.

Sin confirmar si la intervención tomará otro año o más, Mendoza dijo que las medidas buscan garantizar la operación hasta que haya una salida definitiva. “Yo me estoy preparando para todos los escenarios, poniendo plata, estructuras, comités y reglas, para que sin importar cuál sea el esquema que se escoja, la compañía llegue al final de la intervención sin ningún problema”.

No obstante las medidas, una de las incertidumbres para la compañía y para la búsqueda del nuevo operador es el nuevo escenario en materia de la regulación tarifaria de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que castiga a las distribuidoras que no hacen inversiones y cuyo texto definitivo se está estudiando, tratando de que quede listo este año, según indicó este martes el director de la entidad, Germán Castro Ferreira. Mientras que la Contraloría General de la República dijo hace unas semanas que al aplicar esta nueva metodología, los ingresos de Electricaribe se reducirían un 25 por ciento, Javier Lastra, el interventor que está en el día a día de la operación, ratifica que con la resolución en consulta 019 de la Creg, “los ingresos de Electricaribe no alcanzan”. Al respecto, EL TIEMPO consultó a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) si este escenario está contemplado en los análisis que se vienen realizando (la respuesta saldría en las próximas semanas), y la entidad indicó que “en la consultoría se están evaluando todas las variables y se tiene en cuenta el contexto regulatorio, económico y de mercado”.

Por su parte, el superintendente de Servicios, José Miguel Mendoza, dijo al respecto que hay que evaluar el impacto cuando la norma esté en firme. “Hay unas simulaciones técnicas que estamos viendo y revisando. Pero la resolución no ha salido. Cuando salga, es un punto fundamental para discutir.

Sobre el proceso que adelanta la FDN, el superintendente dijo haber analizado diversos escenarios por meses y cada uno tiene unos tiempos diferentes. “Unas se demoran meses y otras un poco más. Una vez se defina la estructura, habrá que dar explicaciones y tener un debate de los tiempos de implementación de la estructura de solución”. Por lo pronto, en las proyecciones del proceso del agente interventor se consigna que la entrega de la solución definitiva tomará siete meses en implementarse, una vez se elija la ruta. Fuentes del sector señalan que el nuevo marco regulatorio es un aspecto que valorará el potencial nuevo inversionista, que deberá hacer millonarias inversiones para recuperar el nivel de servicio. “Con mínimo 264.000 millones de pesos al año, esto toma años, pero si empiezan a hacer inversiones de hasta 500.000 millones anuales, esto puede ser rápido”, concluyó el superservicios.

Alistan compras del 2018 y 2019

El agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, le reveló que, independientemente de lo que ocurra con la solución estructural para la compañía, su administración ya está negociando con los generadores la energía por contratos para los años 2018 y 2019.

Para tal fin se cerró este martes la convocatoria realizada con el mercado, pues se trata de buscar unos mejores precios con compras de mayores plazos.

Según Lastra, esto también incidirá en las tarifas futuras a los consumidores, ya que se pueden obtener mejores precios por cada kilovatio en el proceso que se abrió con los productores.

Entre tanto, la compañía sigue a la espera de que se entregue el informe de la estructura para conseguir un nuevo operador, que se conocería a finales de este mes.