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A Fiscalía y Procuraduría trasladados procesos de corrupción en Corpocesar y otras corporaciones autónomas regionales

“Un alto grado de corrupción” en las corporaciones autónomas regionales que incluyen un presunto carrusel de contratos, obras inconclusas convertidos en verdaderos elefantes blancos, concentración de contratos, entre otros, son las supuestas irregularidades que trasladó la Contraloría a la Fiscalía y la Procuraduría, respectivamente.

El ente de control dice que fue detectado un carrusel de contratos, y la adjudicación de los mismos que impiden garantizar los mejores resultados de costo beneficio.

“Los oferentes son siempre las mismas personas jurídicas y naturales, en tanto participan en diferentes procesos intercambiándose los roles, compartiendo un mismo Contador Público, Representante Legal o miembro de Consejo Directivo”.

Además, el ente de control denuncia que materia de contratación se detectó que en un mismo contratista, tiene 24 contratos. Además, 7.037 de estas firmas, que corresponden al 90,1% fueron por contratación directa.

Suscripción de convenios con Entes Territoriales, Empresas de Servicios Públicos, Asociaciones, Fundaciones, Juntas de Acción Comunal y Universidades que permiten eludir los procesos de selección objetiva y en los cuales las CAR actúan como financiadoras aportando más del 90% de los recursos sin que se observe el cumplimiento de las obligaciones contratadas dentro de los plazos inicialmente pactados, cuyos resultados o productos no están acordes con la realidad de los objetivos contractuales y después de varios años no prestan servicio alguno o son desechados.

Estos son los hallazgos:

– Falta de planeación y confiabilidad en la elaboración de estudios previos por la carencia de informes técnicos que reflejen la necesidad a satisfacer.

– Deficiencias en la metodología utilizada para determinar los costos reales de las obras a ejecutar, al determinarse que los valores indicados en el cuadro de costos de la obra carece de elementos técnicos para la determinación de costos.

– Falta de control y seguimiento a través de visitas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a las que están sujetas en los permisos otorgados.

– Pagos de funcionamiento con cargo a los rubros de inversión en innumerables casos.

– Pago de la totalidad del valor contratado sin advertir que el contratista no ejecutó el contrato de conformidad con las obligaciones pactadas en materia de actividades específicas, personal ofertado, e informes finales y de seguimiento acordes a la necesidad que se pretendía satisfacer.

– Un mismo topógrafo en diferentes contratos.

– Carencia de soportes en la ejecución contractual.

– Debilidades y falta de celeridad en la función sancionadora delegada a las corporaciones para los procesos sancionatorios ambientales.

– Carencias en la supervisión y verificación de los pagos de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución de contratos.

Según la Contraloría, los hallazgos dan cuenta de “las deficiencias en la gestión de las Corporaciones Autónomas y de ASOCARS que impactan de manera negativa en la preservación y adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente de los territorios en los cuales tienen responsabilidades”.

Y agrega que: son múltiples las situaciones encontradas por la CGR y de pleno conocimiento de las CAR, frente a las cuales los planes de mejoramiento implementados por dichas instituciones, no han dado los resultados esperados: se evidencia que la efectividad de las acciones de mejora planteadas por las CARpresentan niveles de efectividad que escasamente no superan el 50 por ciento.

Enfatiza la entidad que frente a este panorama, la gestión de las CAR no mejora, “pues las corporaciones más grandes no han fenecido cuenta en algunos casos durante 8 años, como resultado precisamente, de las deficiencias en la gestión y en el manejo contable y presupuestal de los recursos”.

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