La imputación de cargos fiscales elevados por la Contraloría General de la nación contra el Senador electo, Didier Lobo Chinchilla, destapa lo que podría ser un  nuevo episodio de escándalo de corrupción en el manejo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar y que podría costarle la credencial al futuro congresista cesarense.

Lobo Chinchilla, fue elegido senador  por el partido Cambio Radical en los últimos comicios legislativos, para el siguiente periodo por 4 años que se instala el próximo 20 de julio.

Según La Contraloría, bajo la administración de LoboChhincilla, cuando se desempeñó como alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, se suscribió el contrato con la unión temporal, el cual era necesario para llevar alimentación a los niños más necesitados, pero habría terminado siendo una jugada administrativa para pagar de más por el suministro de paquetes nutricionales.

La imputación fiscal por estos sobrecostos cobija además a su entonces Secretaria de Salud, Cenith Echavez Ospino, y a los integrantes de la firma contratista.

La Contraloría también imputó cargos por 1.462 millones de pesos en contra de los socios de la empresa interventora (Unión Temporal Interventores Asociados EAG), a la exsecretaria de Salud y a los miembros de la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, de la que hacen parte la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (GERS), Industrias Alimentos y Cathering Catalinsa S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda (Fundalimento), por defectos de calidad de los productos suministrados.

De ser hallado responsable, el senador Didier Lobo quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos en tanto no pague la multa que le imponga el ente de control.

Además, si los cargos derivan en investigaciones penales por eventual corrupción, el partido Cambio Radical que lo llevó al senado, podría terminar perdiendo esa curul.

Estos son los hallazgos imputados por la Contraloría

La investigación de la Contraloría comenzó con una auditoría realizada a la ejecución de un contrato del 3 de diciembre de 2012, que suscribió el municipio de La Jagua de Ibirico con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por  15.295 millones de pesos. El objeto de dicho contrato era el suministro durante 18 meses de paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos, en riesgo de desnutrición y de madres gestantes o lactantes.

Los investigadores no tardaron mucho en encontrar que existió un estudio de mercado deficiente, que sólo tuvo en cuenta los precios ofertados por las grandes superficies sin tener en cuenta los valores de los demás agentes del mercado (pequeños intermediarios y graneros).
Como consecuencia de lo anterior, para la Contraloría, la administración de Lobo no determinó en debida forma los precios promedio reales del mercado, y pagó de más por productos como: harina de maíz, lenteja, fríjol rojo, espagueti, fideos, arroz blanco, aceite vegetal, alimento infantil fortificado, leche entera, atún, avena instantánea y en hojuelas, suplemento multivitamínico, complemento de panadería, azúcar, malteada instantánea, chocolate y sal.

De otro lado, el ente de control encontró deficiencias en la calidad de los productos. Por ejemplo, se entregó margarina, cuando se había solicitado mantequilla; la avena instantánea que se entregó no cumplía con la norma técnica nacional establecida. Dichas irregularidades -advierte la Contraloría- no fueron advertidas por el contratista, ni por el interventor ni por el supervisor y llevaron a que se entregaran productos que no cumplían con la calidad exigida.