Militares acusados de delitos con ocasión del conflicto tendrán sala especial en el tribunal

La ley que crea el procedimiento para juzgar a excombatientes de las Farc y miembros de las Fuerzas Armadas responsables de delitos graves cometidos con ocasión del conflicto armado, quedó aprobada este jueves en el Congreso, luego de la conciliación en plenarias de Cámara y Senado.

Las dos cámaras le dieron vida a dos nuevos artículos por parte del bloque de partidos políticos que está listo para rodear al presidente electo, Iván Duque.

El propósito de esta norma es darles a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las herramientas procedimentales necesarias para que comiencen a trabajar y avancen en su tarea de jueces.

Las dos modificaciones de este miércoles tienen que ver con la extradición de los exguerrilleros cuando hayan cometido delitos después de firmado el acuerdo de paz y con el congelamiento de los procesos de los militares –que así lo deseen– hasta que se cree una sala especial para ellos dentro de la JEP.

Aunque celebró la aprobación de la norma, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que hay “una seria duda constitucional” sobre estos cambios, que seguramente será resuelta por el alto tribunal.

Pero lograr la incorporación de estos dos cambios no fue un camino sencillo. En la primera parte del trámite del proyecto, es decir en su paso por las comisiones primeras de Senado y Cámara, los partidos que acompañaron al presidente Juan Manuel Santos le dieron su aval y la iniciativa fue aprobada sin mayores tropiezos.

No obstante, cuando el proyecto llegó a las plenarias de Senado y Cámara el presidente electo Iván Duque y los partidos políticos comenzaron a conformar unas nuevas mayorías que alcanzaron a poner al gobierno del presidente Santos y al proyecto en aprietos.

Esta ‘nueva’ coalición la encabezó el Centro Democrático (CD) –el partido del nuevo presidente– el cual logró concitar el apoyo del Partido Conservador, Cambio Radical y un sector mayoritario de ‘la U’.

Desde la semana pasada esta coalición comenzó a imponer las condiciones en el Senado y logró frenar la iniciativa, como lo pidió el nuevo jefe de Estado.

Este hecho obligó al gobierno saliente a dialogar con estos partidos, escuchar sus inquietudes e incorporarlas en el proyecto de ley. Y para los dos temas en los que se mantuvo el desacuerdo, se impuso la fuerza de los votos.

Lo anecdótico de la jornada fue que por cuenta de los impedimentos (o peticiones de los congresistas para separarse del debate), la bancada del Centro Democrático –que cuenta con 19 senadores– se redujo a ocho, que fueron los que votaron el proyecto.
Como los impedimentos aceptados cobijaron a senadores de casi todos los partidos políticos, el quórum para la aprobación de esta norma también se redujo y el mínimo exigido para aprobar o negar los artículos quedó en 37 votos.

Las nuevas mayorías alcanzaron para sacar adelante las dos modificaciones que crea este código de procedimiento para la justicia transicional.

Los cambios

La primera modificación que impuso el bloque favorable a Duque fue cerrarles a los magistrados de la JEP el espectro a la hora de decidir sobre las peticiones de extradición que se hagan para excombatientes de las Farc señalados de cometer delitos después de firmado el acuerdo de paz.

La JEP solo tendrá competencia para validar que la fecha de comisión del supuesto delito fue después del primero de diciembre de 2016, plazo límite para avalar lo acordado.

La JEP “no podrá practicar pruebas”, sino que tendrá que remitirse exclusivamente a los elementos probatorios que aporte el país que solicite la extradición.

El segundo cambio es más de fondo. Tiene que ver con el congelamiento de los procesos contra los militares señalados de delitos atroces hasta tanto “exista” en la JEP un “procedimiento especial y diferenciado” para ellos.

Este congelamiento, que será para aquellos uniformados que lo deseen, será de 18 meses, en los cuales se esperan tramitar los actos legislativos y las leyes necesarias para que esta modificación quede en firme.

El senador por el Centro Democrático Jaime Amín afirmó que ahora la bancada, “de común acuerdo con el presidente Duque, deberá establecer el medio legal para ajustar el marco normativo existente a lo aprobado en el Congreso, bien sea mediante acto legislativo o ley ordinaria”.

Ruta uribista para reformar el acuerdo

La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia reveló este miércoles una especie de declaración de principios de lo que el uribismo se propone, “y los senadores de los partidos que suscriben esta proposición”, en cuanto a las modificaciones del acuerdo de paz.

Hay tres puntas de lanza en las que se enfocarán: la creación de la “sala especial” para el juzgamiento de los militares, la prohibición de la participación en política de los excombatientes hasta que cumplan sus condenas y la asignación de curules para las víctimas, incluidos los uniformados.

Dijo que serán modificados varios actos legislativos y leyes para lograr sus propósitos.