El senador del Polo Democrático, Ivan Cepeda dennció en el Congreso de la República,  que hay una estrategia contra la política de restitución de tierras del Gobirtno, la cual, según él, promueven ex paramilitares, el procurador Alejandro Ordóñez, el presidente de Fedegán, José Félix Lafautie Rivera y el Centro Democrático.

Cepeda hizo públicas las graves denuncias con las que relacionó al jefe del Ministerio Público y al representante de los ganaderos con una “estrategia en contra de las políticas de restitución”, de la que también harían parte algunos paramilitares cercanos de ‘Jorge 40’ y la casa Castaño.

Cepeda sustentó su afirmación, que escandalizó al Congreso, en otra serie de denuncias hechas por parte de varias comunidades de Chibolo y de San Ángel (Magdalena) sobre un grupo que promueve acciones contra los procesos de restitución en el norte del país.

“Se estaría configurando una estrategia que encabezaría el propio procurador Alejandro Ordóñez, algunos miembros del Centro Democrático y varios poderosos ganaderos y terratenientes en Magdalena y Cesar. Hemos visto que previo a las reuniones adelantadas por el procurador general, se han celebrado otras a la sombra de ex paramilitares en las que se incita a adelantar manifestaciones públicas contra la restitución de tierras”, mencionó Cepeda en su intervención ante la Comisión Segunda del Senado.

En diálogo con Semana.com, el senador del Polo recordó que el 5 y el 10 de abril el procurador general convocó a dos eventos para “analizar los resultados de la política de restitución”, el primero en San Ángel (Magdalena) y el otro San Alberto (Cesar). Pero que varios hechos que se produjeron antes y después de dichas reuniones con la comunidad le permiten sustentar esa afirmación.

Para Cepeda, la estrategia antirrestitución se inició el 29 de julio del 2015, cuando la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, realizó un debate de control político en el que afirmó que las personas reclamantes de tierras eran “aliadas o avivadas por las guerrillas” en contra de los dueños de las haciendas. En el debate hizo especial alusión a la situación en San Alberto. Como se sabe, la representante Cabal es la esposa de José Félix Lafaurie.

El pasado primero de abril, Cepeda presentó una acción urgente ante el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, tras las denuncias de la Corporación Jurídica Yira Castro sobre la puesta en marcha de un proceso antirrestitución en Chibolo (Magdalena), orquestado por Augusto Castro Pacheco, alias ‘Tuto’ Castro, y Saúl Severino, ambos ex paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas, la familia Cortina Calanche, una persona conocida como el ‘Mono Bedoya’, Gerardo Orozco (uno de los firmantes del pacto de Chibolo), y ganaderos de los sectores de El Difícil y de San Ángel.

Este grupo, dijo Cepeda al SAT, se estaría promoviendo en varias veredas, solicitando apoyo económico a los ganaderos y, al parecer, con el apoyo de gente “nueva” en la región. Se refería con ello a personas que se conocen como los ‘Paisas’, quienes tendrían un vínculo directo con la familia Castaño Gil.

“La comunidad denuncia que desde la liberación de alias ‘Tuto’ Castro, la situación en la zona se tornó peligrosa, y cuenta cómo se utilizan nuevas figuras a través de asociaciones para generar temor en la comunidad que está en los procesos de restitución”, explicó Cepeda.

De esa forma, señala, se habría creado una asociación de víctimas de despojo del Estado para disfrazar dichas figuras. Una de ellas, al parecer, se denomina Asovide.

Las denuncias conocidas por Cepeda por boca de la comunidad señalan que en febrero del 2016 se habría adelantado la primera reunión de esa asociación, a la que fueron invitados ganaderos y segundos ocupantes de Parapeto, Oceanía y otras veredas. Los testimonios aseguran que a esa reunión asistieron: el ‘Mono Bedoya’, los Cortina Calanche, miembros de la familia Castro, otros reconocidos opositores en estos procesos y una mujer a quien los asistentes identificaron como cercana a ‘Tuto’ Castro, que supuestamente ofreció prebendas y proyectos productivos a quienes apoyaran a este grupo.

Luego se habría citado a una segunda reunión el 5 de abril, para la cual les solicitaron dinero a los ganaderos, con el fin de “atender a los funcionarios” que asistirían.

Dice Cepeda que durante el encuentro presidido por Ordóñez en San Ángel (Magdalena) habrían circulado volantes firmados por la Asociación Nacional de Víctimas de Restitución de Tierras (Asocolvirt) que dicen: “Población de Sabana de Torres y Rionegro, su propiedad, finca o casa está en riesgo inminente de expropiación por el gobierno nacional a través de la Ley 1448 de 2011 de restitución de tierras; por tal motivo, queremos invitarlo a una reunión contra este flagelo”.

Según manifestó el director de la Unidad de Restitución, para convocar a las reuniones se mostró a la comunidad un mapa desde Magdalena hasta Bolívar, diciendo que Restitución formaría un corredor de 60.000 hectáreas y que sus tierras podían ser intervenidas.

En la reunión de San Ángel, dice Cepeda, intervino el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien aseguró que la restitución “no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo, y no se lo vamos a permitir”. En esa reunión, según lo evidenció un informe de Noticias Uno, se encontraban el hermano y el hijo de Saúl Severini.

“Chibolo y San Ángel fueron el epicentro de la consolidación del proyecto paramilitar en el norte del país y núcleos del despojo a miles de campesinos en esa región, bajo la estrategia de alias ‘Jorge 40’, sus testaferros y el Incora. Claro que hay casos de segundos ocupantes de buena fe exenta de culpa. En cada caso los jueces de restitución están obligados a tomar medidas para proteger los derechos de estos segundos ocupantes. Pero sólo son algunos casos, los demás son cómplices de paramilitares que pretenden presentarse como campesinos afectados por la restitución”, asegura Cepeda.

Aunque parezcan hechos aislados, el senador del Polo los encadena para advertir que hay una estrategia contra la restitución que, para el congresista, no sólo cuenta con la participación de ex paramilitares, ganaderos y terratenientes, sino que también comprometería al procurador Alejandro Ordóñez. “El papel del procurador no es estar en reuniones con ex paramilitares, a menos que simpatice con ellos”, dice Cepeda, quien tras esta denuncia pública dijo que este es apenas el primerround.