El informe fue presentado ante la Corte Constitucional como parte del seguimiento a la crisis que se vive en la región desde hace años.
El 90 por ciento de los habitantes de La Guajira (unas 862.000 personas) consume agua sin ningún tipo de tratamiento, lo que irremediablemente se traduce en enfermedades gastrointestinales, parásitos, y diarrea. Y para empeorar la situación, los afectados cargan con altos grados de desnutrición.

Esa impresionante radiografía está contenida en un informe de la ONG Dejusticia, que fue presentado ante la Corte Constitucional como parte del seguimiento a la crisis que se vive en la región desde hace años.

En lo corrido del año, según el Instituto Nacional de Salud, 12 personas han muerto por desnutrición en el departamento. El año pasado fueron 85.

Siete investigadores de Dejusticia recorrieron durante seis días el pueblo wayú, entre el 18 y 23 de febrero de este año. Visitaron las comunidades de Campo Alegre, en el municipio de Barrancas, Caicemapa y Caimito, en Distracción, y Loma Mato, ubicada en Hato Nuevo.

Tras ese recorrido, la ONG advierte que a pesar de los cientos de alertas y reiteradas advertencias que se han hecho sobre la crisis de La Guajira, se mantienen violaciones de derechos como el acceso al agua, a la alimentación, a la educación y la salud. Lo más crítico que encontraron los investigadores es que en ninguno de los lugares visitados, ni siquiera en los colegios, el agua es apta para el consumo humano.

Por estos hechos, Dejusticia le pidió a la Corte declarar un estado de cosas inconstitucional por la crisis del agua y alimentación de los wayús. Piden que de manera inmediata se activen medidas de atención urgentes para garantizar alimentación, acceso a agua potable, atención en salud y seguridad.

César Rodríguez Garavito, director de la ONG y quien lideró la investigación, señaló que La Guajira ha sido un departamento olvidado por el Gobierno. “Existe una falla sistémica en la elaboración de políticas públicas que tiene que ver, en parte, con los programas de responsabilidad del Gobierno, y muchos que son responsabilidad de la región. Se necesita involucrar a la comunidad y poder superar la crisis”.

“La asistencia del Gobierno no se puede seguir dando por retazos, Hay que cambiar el modelo asistencialista, por aquellos que impulsen la promoción de la economía y la soberanía alimentaria”, indicó.

“En el camino uno no ve ni un cultivo fértil y ni una gota de agua; en medio de ese desierto se levantan aulas construidas con palos de madera y escuelas sin programas efectivos ni alimentación”, describe Rodríguez.

Por ejemplo, los investigadores encontraron en una visita al hospital Nazareth, en Uribia, a varios niños menores de cinco años y una menor de un año enfermos de diarrea aguda y otros males gastrointestinales. Estaban en tratamiento por desnutrición, situación que, según los médicos, se debía a “enfermedades producidas por tomar agua contaminada” y por no poder “absorber los nutrientes necesarios para crecer”. 

Diariamente llegan a ese centro asistencial unos 40 niños con diarrea y otras enfermedades causadas por el agua. Las directivas del hospital cuentan que el año pasado llegaron 35 niños en estado crítico por desnutrición y tuvieron que ser trasladados a otro hospital, pero 5 de ellos murieron en el traslado. Ese centro es de nivel 1, no tiene unidades especializadas y solo hay seis médicos. 

Los investigadores encontraron que con excepción de Riohacha y otros centros urbanos, las instituciones de salud existentes son de nivel 1 y carecen de los recursos humanos y de infraestructura necesarios. “Varias personas nos informaron que las EPS e IPS solo llegan para inscribir a las personas, pero después nunca prestan ningún servicio de salud”, señalan.

En el Aula Bejucal, del corregimiento de Tawaira, uno de los profesores narró a los investigadores que los estudiantes “debían llevar dos litros de agua todos los días para la preparación de su comida y para hidratarse, ya que en la escuela no hay agua”. 

En la escuela de Chiazalud había un carrotanque que solo se llenó en febrero, luego de la muerte de dos jóvenes de 15 y 32 años que se ahogaron en un pozo profundo al intentar limpiarlo para extraer agua. Las muertes, dice el informe, habrían podido evitarse si se hubiera actuado eficientemente para llevar agua a una zona en la que no llovía desde septiembre del 2012.

En Tawaira, corregimiento de Uribia, encontraron que la comunidad Irotsima tiene un pozo propio artesanal que abastece a seis familias que extraen diariamente 80 litros de agua dulce, no potable. Aquellas que no tienen cerca los molinos de viento deben gestionar sus propios carrotanques de agua, que cuestan 500.000 pesos y contienen agua para una semana. O, en últimas, esperar a que lleguen donaciones.

Todo lo anterior, dice el documento, sucede pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la cantidad mínima de agua por persona para suplir sus necesidades básicas es de 50 a 100 litros diarios.

Los investigadores señalan que la única comunidad con acceso a algún tipo de acueducto es Puerto Estrella, ubicada cerca del mar, que posee una planta desalinizadora. Sin embargo, la planta está dañada desde noviembre del año pasado. La máquina funciona con gasolina, que tampoco llega a la zona desde el mes de octubre.

En otras rancherías se vieron carrotanques de agua, que han estado durante varios meses vacíos. Algunos pozos artesanales y otros profundos solo son usados para abastecer de agua a los chivos, pero ahora la situación es tan grave que se usa para consumo humano.

“Las redes de acueducto y alcantarillado están obsoletas e insuficientes para abastecer y suplir las necesidades de toda la población. El 95,6 % de las comunidades no cuenta con servicio sanitario y el 97,7 % no cuenta con servicio de acueducto”, dice el informe.

El agua que se obtiene en algunos lugares usualmente es salobre (mucho más salada) y con alto contenido de minerales que la hace no apta para el consumo. El informe advierte que la sequía de los últimos años ha sido tan fuerte que los cultivos se queman y los animales mueren de sed.

El gobernador (e) de La Guajira, Wílder Guerra, afirma que se trabaja en formas no convencionales para conseguir agua, como perforación de pozos y vehículos cisterna, pero no ha sido suficiente.

“Ha habido un esfuerzo del Estado, pero tiene que ser mayor. Tenemos una infraestructura de la época de los años 50”, indicó.

Guerra llegó en remplazo de Wílmer González Brito, quien fue enviado a la cárcel por corrupción. En los últimos seis años, La Guajira ha tenido cinco gobernadores y todos han terminado enredados en investigaciones por presuntos hechos de corrupción.