Procuraduría explica propuesta de crear Fiscalía Ad-hoc para investigar escándalo de corrupción Odebrecht

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La Procuraduría General de la Nación explicó las razones por las que solicita crear una Fiscalía ad hoc para investigar el escándalo de corrupción por la empresa Odebrecht, así como la forma cómo podría concretarse esa solución.

Lo hizo a través de un concepto, firmado por el procurador cuarto de Investigación y Juzgamiento Penal, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, dirigido al magistrado Gerardo Botero Zuluaga, quien estudiará en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la recusación hecha contra la vicefiscal María Paulina Riveros.

El escándalo por Odebrecht es tan profundo que ha generado esa situación de incertidumbre. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se ha declarado impedido para actuar en el caso, por lo que la responsabilidad recae sobre Riveros. Sin embargo, juristas han recusado su nombre, por considerar que tampoco debe asumir la investigación, dada su relación de dependencia con el jefe del ente acusador.

Es sobre esa recusación que la Procuraduría entregó hoy su concepto, en un documento de 13 páginas.

En ese texto, la Procuraduría insiste en que se necesita una estructura funcionalmente independiente. Una fiscalía ad hoc que dispondría que funcionarios de la propia entidad y eventualmente de otras autoridades (como la Dijín) se “comisionan” o adscriben a su tarea, pero siempre garantizando independencia y autonomía absolutas.

El Ministerio Público dice que las causales formales de recusación no proceden en este caso. No obstante, invoca los principios de imparcialidad y de transparencia, tal como la misma vicefiscal lo señaló (en documento adjunto), por lo que pide que se designe un fiscal ad hoc, y un equipo de instrucción e investigación independiente (esta especie de Fiscalía ad hoc) para que con funcionarios que no dependan del fiscal general se continúen las investigaciones por todos los procesos relacionados con el caso Odebrecht, incluso el del seguimiento a las muertes en la familia Pizano.

“Se requiere, más allá del texto de ley, aplicar principios superiores y constitucionales y asegurar la confianza pública en este tema tan delicado para el país”, explica el concepto de la Procuraduría.