Por físico miedo, se niega a hablar y a delatar a sus financiadores, testaferros y a quienes lo ayudaron a montar la estructura criminal  de las autodefensas  en el Cesar y en el resto del Caribe, el ex paramilitar, nacido en Valledupar y preso en los Estados Unidos,  Rodrigo Tovar Pupo.

El líder de miles de asesinatos y atropellos en esta zona del país, sacó a relucir el asesinato de su hermano, Sergio en el año 2009, cuando precisamente se disponía a  hablar y a delatar a quienes promovieron la construcción de la estructura que posteriormente se convirtió en una máquina para destruir vidas, familias, riquezas y para apropiarse de la riqueza del estado y de miles de personas en el litoral Caribe.

La posición  del ex jefe paramilitar se conoció en la audiencia en que la Fiscalía pidió la exclusión de Justicia y Paz del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, en la que representantes de víctimas manifestaran su rechazo a la petición de que se le excluya de la Ley de Justicia y Paz y en la que su abogado también expusiera parte de su oposición a la misma.

Los magistrados de conocimiento del Tribunal Superior de Barranquilla también escucharon uno de los motivos del desmovilizado para no colaborar más con las autoridades colombianas desde que, en mayo de 2008, el Gobierno lo extraditó a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

“No solo tenía la intención de contribuir con la justicia desde el principio, cuando estaba aquí, sino que una manera de callarlo fue el asesinato de su hermano”, aseguró el viernes el abogado Hernando Bocanegra Bernal.

Sergio Tovar Pupo, ingeniero de alimentos y ganadero, de 39 años, fue baleado a las 11:30 de la mañana del 24 de diciembre de 2009. Un sicario lo atacó mientras esperaba en un taller especializado por el arreglo de una maquinaria agrícola, en el suroccidente de Valledupar (Cesar), tierra natal de los Tovar.

Desde que ocurrió el homicidio, las autoridades relacionaron el crimen con que la víctima fuese el único hermano vivo del ex comandante del Bloque Norte de las AUC (sus dos hermanas fallecieron en distintos accidentes).

“Hasta la fecha la Fiscalía no dice nada, no ha tomado una sola declaración”, advirtió Bocanegra. El jurista insistió, sin embargo, que la muerte de su hermano menor no es el único motivo de alias Jorge 40 para guardar silencio.

Ex ex paramilitar se niega hablar por considerar que no hay garantías para sus familiares, algunos de los cuales ya no residen en Valledupar,  también  por el temor a que  también sean asesinados, como ocurrió con Sergio, en un claro mensaje de lo que podría ocurrir si Rodrigo Tovar delata a quienes lo impulsaron financiaron en su empresa criminal en Colombia.

“Al parecer, según la Fiscalía porque no conozco el proceso, tendría vinculación el grupo del Gobernador”, manifestó el abogado.

El defensor se refirió a que investigadores de la Dijín visitaron el 12 de octubre de 2013 a la esposa de Rodrigo Tovar, Ana Vélez Salgado. El mismo día que el CTI capturó a Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, gobernador de La Guajira, acusado de determinar homicidios y aliarse con paramilitares en ese departamento y en Cesar.

Los policías manifestaron a Vélez –agregó Bocanegra– “que necesitaban” que junto con sus hijos “declarara sobre unos hechos” y culpara a Gómez y Marcos Figueroa García, alias Marquitos, de la muerte de su cuñado.

La respuesta de los Tovar Pupo a los policías fue tajante, recordó el abogado: no tenemos nada qué denunciar, si hay alguien que tiene que denunciar, en su momento, sería papá y lo haría en Estados Unidos.

“Es extraño que no se haga nada y todo quede en la impunidad, y que la Fiscalía volvió a interesarse por el proceso del señor Sergio Tovar Pupo el día que fue capturado el señor Gobernador de La Guajira”, cuestionó Bocanegra.

Tres meses antes del arresto de Kiko Gómez, la Fiscalía comisionó en julio a funcionarios para que viajaran a Estados Unidos y se entrevistaran con los ex comandantes de AUC en la Costa Salvatore Mancuso Gómez, alias Santander Lozada; Arnulfo Sánchez González, alias Pablo, y Tovar Pupo.

“A fin de establecer las posibles alianzas paradelincuenciales que pudieron haber existido entre estos señores y el señor Juan Francisco Gómez Cerchar”, indica la orden exhibida ante los magistrados Gustavo Roa Avendaño, Cecilia Olivella Araújo y José De la Pava Marulanda.