El Senador de la República por el partido de la “U”, Armando Benedetti afirmó en diferentes medios de comunicación de cubrimiento nacional, que el candidato a la Presidencia de Colombia, Germán Vargas Lleras, es “facineroso”, “ladrón” y “bandido”.

En la andanada de declaraciones aseguró también que Vargas Lleras tenía vínculos con los paramilitares y que se había salvado de estos por cuenta de una exoneración del exmagistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos.

Luego de declararse “víctima de un complot político” por la compulsa de copias de la Fiscalía a la Corte Suprema, donde se le vincula con el “Grupo Buldozer”  que ayudó a Odebrecht a obtener contratos a cambios de multimillonarias coimas, Benedetti también lanzó duras y delicadas acusaciones contra El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez a quien calificó como “rufián”, “desleal” y “perverso”.

Dijo que el fiscal está“ capturado por el proyecto político de Vargas Lleras” y que sus “secuaces” andan buscando testimonios en las cárceles para incriminarlo.

También acusó al fiscal Martínez Neira, de haber recogido el dinero de la segunda vuelta de la reelección presidencial y Vargas lo había repartido. Puntualizó que la reunión tuvo lugar en un apartamento en Montería de la excandidata a la Gobernación Margarita Andrade.

Lo que dice la REVISTA SEMANA

La acusación de que el fiscal está al servicio de Germán Vargas es frecuente y se ha convertido en una bandera política de varios candidatos presidenciales para atacar a su rival y deslegitimar a Martínez. Sin embargo, las investigaciones contra varios miembros de Cambio Radical parecen demostrar que la persecución política o la ‘policía política’ que denuncian no tienen asidero. Es cierto que Néstor Humberto Martínez ha sido cercano a Germán Vargas y también es cierto que formó parte de Cambio Radical, pero de ahí a decir que como fiscal está al servicio de una candidatura presidencial para perseguir judicialmente a supuestos rivales políticos es, cuando menos, una exageración. Si el fiscal estuviera al servicio de alguien sería de su propia causa, y ya se han visto fiscales que se lanzan a la Presidencia. En Colombia, por razón de Estado, por corrupción o hasta por amistad, un fiscal puede aplazar la apertura de una investigación o incluso engavetarla. Pero es muy poco creíble que se llegue a inventar un sofisticado y peligroso entramado para afectar a una campaña presidencial persiguiendo los rivales del candidato de sus afectos.

En el fondo, Benedetti, como muchos senadores, siente que tiene la lupa de la justicia encima por motivos políticos. Las acusaciones serán más graves en la medida en que la Fiscalía pueda demostrar que él efectivamente recibió algún beneficio económico a cambio de ayudar a Odebrecht. Eso solo sería posible si quien le pagó confiesa, pues esas transacciones generalmente se hacen en efectivo. Y frente a semejante despachada, el ente acusador estará en mora de sustentar las acusaciones en su contra. Porque si Benedetti tiene razón en que no hay ninguna prueba ni testigo que lo pueda vincular, sería un grave golpe a la credibilidad de la Fiscalía –a pesar de que la Corte Suprema tiene la última palabra–, ya que Benedetti politizó su caso judicial. Ya sea por estrategia o por indignación, el caso de Benedetti estará en la lupa de la opinión y dará mucho de qué hablar, pues hay dos variables en juego: la libertad del senador y la credibilidad del fiscal.