A disputas territoriales entre grupos armados ilegales, atribuyen reaparición de masacres en el Caribe

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Varias organizaciones de analistas, de derechos humanos y desde el propio gobierno, atribuyen a disputas territoriales entre grupos armados ilegales, las nuevas masacres y casos de violencia que se han desencadenados en los últimos meses en los departamentos del Caribe.

Otros sectores consideran que proceden de situaciones por violación a las órdenes sociales que habían sido reforzadas durante la cuarentena.

Según esos informes, en los departamentos del Caribe colombiano se han perpetrado 8 masacres en lo que va corrido de este año.

También se plantea que los grupos armados se disputan el territorio principalmente por las rutas de narcotráfico, pero también para ejercer control. Trejos explicó que esto les permite tener acceso a rentas, pero también fortalece sus bases con nuevas incorporaciones y facilita la construcción de retaguardias y, eventualmente, el control territorial les permite legitimidad social.

De acuerde con cifras de Indepaz, en lo que va del 2020, se han registrado 55 masacres en el país, siendo agosto, con 11, el mes más violento y en la primera semana de septiembre se registraron seis más. En total, durante lo que va del año, 218 personas han sido asesinadas en el marco de estos hechos.

Solo en el Caribe, Indepaz registró 8 masacres en lo que va del 2020. Bolívar es el departamento con mayor número, 3 en total. No obstante, vale la pena recordar que solo en el mes pasado, líderes sociales contabilizaron al menos siete asesinatos distribuidos entre el corregimiento de Zambrano y El Carmen de Bolívar, específicamente, en la vereda Caño Negro. De igual forma, en esta misma vereda 37 familias, las cuales ya retornaron, se desplazaron tras los asesinatos.

Córdoba es el segundo departamento en esta ruta de violencia, con dos masacres, según datos de Indepaz. Pero también en las últimas semanas han sido asesinados varios líderes sociales, así como otros han alertado que han sido amenazados.

En el informe ‘El desgobierno del aprendiz’, presentando por varias organizaciones de Derechos Humanos, se detalla que Montelíbano, Tierralta, Valencia, San José de Uré y Puerto Libertador son considerados municipios que hacen parte de las zonas más afectadas por el conflicto armado y conforman una subregión para la construcción y puesta en marcha de uno de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).

En el informe, además, se aclara que desde 2011 no ocurrían desplazamientos masivos como empezaron a presentarse desde finales de 2017 hasta la actualidad. De hecho 67 familias, provenientes de la vereda La Cabaña, permanecen en el polideportivo La Esperanza en el casco urbano de San José de Uré por miedo de regresar a sus casas ante el escenario de violencia que se vive en la zona.

“De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se presentaron 14 desplazamientos masivos desde finales de 2018 hasta diciembre de 2019, además de masacres, homicidios, desapariciones forzadas y amenazas de reclutamiento forzado. Igualmente, hechos de violencia contra la población civil atribuibles a la fuerza pública”, se lee en el informe.

De acuerdo con Indepaz, Atlántico, Cesar y Magdalena registran una masacre cada uno.

Ante esta nueva oleada de violencia la pregunta que queda es: ¿Por qué los matan? ¿Qué tiene que ver la población civil en un conflicto entre grupos armados?

El profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos explicó que una parte de la violencia reciente se ha dirigido contra quienes, al parecer, han violado las órdenes sociales que habían sido reforzadas durante la cuarentena. Así mismo, indicó que otra de las razones son las disputas de territorios con competidores armados.

Por su parte, el analista en seguridad y defensa John Marulanda indicó que “el asesinato de los líderes y de los jóvenes que no hacen parte de ninguna de las bandas representan un tropiezo y pueden estar bloqueando alguna ruta de salida (del narcotráfico)”.

En este mismo sentido, Trejos agregó que parte de la violencia se ha concentrado en la población civil y que esta sería una de las características de la nueva fase de violencia que vive el país. “Las acciones armadas no se traducen en el uso de modalidades operativas de combate entre contrarios armados, sino en la amenaza, asesinatos selectivos y el desplazamiento de las comunidades”, precisó.

Marulanda indicó que ha cambiado el origen de los actos de violencia. “Los homicidios, masacres y desplazamientos en áreas rurales y algunas citadinas tienen su origen en el narcotráfico”.

Las regiones con presencia de grupos armados ilegales coinciden en poseer una posición geográfica estratégica para el cultivo, procesamiento y salidas para la venta de droga. Entre tantos grupos armados ilegales, la disputa por la tierra y las rutas del narcotráfico aumenta y deja como saldo los asesinatos de civiles para ejercer control territorial.

Reconfiguración armada

Para Trejos,  el escenario actual se caracteriza por la proliferación de grupos armados ilegales con diferentes capacidades operativas. “Van desde lo microlocal (veredas o barrios), locales (municipios), regionales (subregiones) hasta lo nacional. Es decir, estamos frente a una constelación de actores armados, lo que contrasta con las grandes organizaciones que hasta hace poco monopolizaban la confrontación armada en el país”, manifestó el politólogo.

A su vez, Marulanda agregó que los recientes hechos violentos en el país guardan relación con el área estratégica en los que suceden, ya que colindan con las fronteras de Ecuador y de Venezuela, agilizando el tránsito de cocaína.

“Los hechos que han ocurrido en Arauca, Norte de Santander y el Catatumbo se explican con el hecho de que sean fronterizos con Venezuela. En esta nueva reconfiguración del fenómeno de la violencia interna en el país hay un elemento nuevo y sumamente peligroso: la presencia activa de Venezuela, que apoya a estos grupos narcoterroristas”, aseguró el analista en seguridad.

Marulanda detalló que con esta nueva reconfiguración armada no se busca combatir a las autoridades, sino corromperlas.  Agregó que esta ha cambiado por las redes del narcotráfico que no necesitan estar uniformadas. “(La disputa) es más entre las mismas organizaciones y su entorno. Ya no se insiste en una confrontación directa en contra del Estado”.

El experto puso de presente que pese a que grupos como el ELN, disidencias de FARC, Gentil Duarte y la Nueva Marquetalia  siguen ostentando banderas políticas, están dedicados fundamentalmente al narcotráfico y a la minería ilegal. “Eso es lo que les da el dinero para pagarles a los jóvenes y así seguir reclutando”, afirmó.

Los profesores Amaranto Daniels Puello y Francisco Méndez Beltrán, en su artículo ‘Los Montes de María: entre la fragilidad institucional y el regreso del pasado’ describieron que en esta reestructuración armada, las operaciones, tácticas y características han evolucionado hacia organizaciones de estructuras fragmentadas.

“Modelos de células que se movilizan en grupos de entre cuatro y diez integrantes, en donde se pasa de la integración vertical(carteles) a la integración regional cimentada en las redes, alianzas, franquicias y múltiples actores como fundamento para la expansión de sus actividades criminales”, indicaron.