La orden de un juez de control de garantías luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía, es que María Isabel Hernández, supervisora de los Contratos del Icbf, Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación Un Mejor Vivir y Ramiro Lizarazo, proveedor de suministro para esa fundación, fueran enviados a una cárcel por ser, presuntamente, responsables de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Hay dos personas pendientes por capturar: uno, Robinson Román, que se benefició con un error de digitación del juez que ordenó su captura, el otro es el representante legal de la Fundación Un Mejor Vivir, que para laFiscalía es un prófugo de la justicia.

Las irregularidades detectadas por la Fiscalía dan cuenta de por lo menos 140.000 millones de pesos desviados a través de fundaciones que no cumplían los requisitos de los contratos o sobrefacturaban la operación que adelantaban, además de suministrar alimentación de mala calidad a los niños de La Guajira.