La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial lanzó  la noche de este miércoles una propuesta para que se convoque  una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia en el país, que incluso podría estar integrada por desmovilizados de la guerrilla que logren un acuerdo de paz con el Gobierno.

De inmediato la propuesta produjo diversas y duras reacciones en los partidos políticos y otros sectores de opinión.

La ‘cúpula’ de la Justicia, conformada por los presidentes de las Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación, también lanzó duras críticas al proyecto de reforma al Equilibrio de Poderes (que entra en sus dos últimos debates en Cámara) y pidió al Congreso que lo archive.

“Como consecuencia de que el proyecto de acto legislativo denominado ‘reforma al equilibrio de poderes’ no logra corregir el desajuste del modelo actual de equilibrio de poderes, esta Comisión propone la convocatoria a una Asamblea Nacional constituyente de carácter limitado a los temas de justicia”, señala un comunicado de la Comisión Interinstitucional, leído por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos.

Para la Comisión Interinstitucional el actual proyecto, que cursa en el Congreso, implica una sustitución de la Constitución y no afronta los mecanismos necesarios dentro de un eventual escenario de posconflicto en el país.

“Su trámite es inconstitucional porque viola los principios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible. El actual proyecto ha sufrido drásticas modificaciones desde su presentación hasta el sexto debate y, se han incorporado disposiciones que no fueron objeto de discusión en la primera vuelta, lo cual podría suponer la desviación de la voluntad original del constituyente derivado”, señala el documento de la Comisión.

De igual forma los magistrados de las altas cortes, junto con el Fiscal General, advirtieron que la Asamblea deberá ”garantizar la participación activa y directa de los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los desmovilizados si se firman los acuerdos de paz, para que las reformas necesarias a la administración de justicia sean fruto de un debate democrático y plural”, agrega el documento.

En esta decisión, tomada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, se advierte que con la Asamblea Nacional Constituyente se asegurará la construcción de soluciones como el resultado de diferentes posiciones de los sectores del país.