Choque de trenes entre la Corte Suprema y la Fiscalía por desacato a orden de captura contra el gobernador de La Guajira

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Un verdadero choque de trenes se desató en las últimas horas, entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, por el hecho de que no se haya hecho efectiva la orden de captura contra el gobernador de la Guajira, Wilmer González Brito.

El penoso asunto involucra a la Policía Nacional, debido a que igual que la Fiscalía, advirtió que la notificación sobre esa providencia, solo fue recibida hace veinte días, a pesar de que fue proferida en el mes de noviembre del año pasado.

La Corte Suprema de Justicia  confirmó que el 9 de noviembre pasado, es decir, cuatro días antes de la condena contra el gobernador de La Guajira, Wilmer González, sus funcionarios entregaron a la Dirección Nacional del CTI la orden de captura contra el exmandatario, pero los directivos de la Policía y la propia Fiscalía en La Guajira aseguran que solo conocen la orden de captura desde hace alrededor de 20 días.

El máximo tribunal de la justicia ordinaria indicó a este medio que la orden de captura contra González fue notificada desde el 9 de noviembre para que se hiciera efectiva el 13 de noviembre, día de la lectura de la sentencia, pero desde ese día no se supo más del gobernador.

Por eso, la Corte reiteró la orden de captura el pasado 6 de diciembre.

No obstante, el director de la Fiscalía en La Guajira, Juan Mauricio Berrío, le dijo a este diario que conoce la orden de captura solo desde hace unos 20 días, y eso, porque llamó a Bogotá ante la insistencia de EL HERALDO y que ahí fue cuando lo notificaron.

A su vez, el director de la Policía de La Guajira, coronel Henry Sandoval, le dijo a esta casa periodística que durante noviembre y diciembre, en el sistema, no había orden de captura contra González y que solo, también, hasta hace cerca de 20 días es que aparece la orden de captura.

Entre tanto, este periódico intentó comunicarse con la Fiscalía General para indagar si hubo retrasos en la notificación de la orden o si la operación de captura la asumiría el CTI de Bogotá ante un posible nuevo episodio tipo Kiko Gómez, quien al momento de su captura fue defendido por algunos uniformados policiales, pero no obtuvo respuesta.

El mandatario guajiro fue sentenciado a 10 años de cárcel por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, fraude procesal y corrupción al sufragante.

Al gobernador se le comprobó que contactó a votantes del departamento para lograr su elección en 2016, otorgando mercados y elementos de construcción.

González había sido enviado a la cárcel el 17 de febrero de 2017, pero fue dejado en libertad condicional tras una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, con lo cual regresó a su cargo como gobernador el 17 de septiembre de 2018.

En medio de la acalorada audiencia de medida de aseguramiento contra González, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Muñoz Neira, expulsó a una veintena de seguidores guajiros y wayuu del gobernador, por manifestarse airadamente contra la providencia.

Tomado de EL HERALDO