Ya no es un secreto que desde hace varios meses viene operando en Bogotá una nueva aplicación a través de la cual se presta el servicio de mototaxi, asegura hoy el periódico El Tiempo.

La califica como una pesadilla que se está extendiendo en todas la ciudades y poblaciones del país, amenazando tomarse el transporte de pasajeros y de carga,  a pesar deque ese negocio no está reglamentado en Colombia.

Advierte el periódico que los señores que la promueven –hasta con vallas– aseguran que 60.000 vehículos de estos ya prestan el servicio a la ciudadanía, que ingenua prefiere arriesgar su integridad haciendo uso de una moto para llegar a su destino antes que utilizar el transporte público. Ignora esa misma ciudadanía que este tipo de vehículos ocasiona la más alta cifra de incidentes en la vía y son los responsables del mayor número de muertes, después de los peatones. El año pasado, 148 personas –entre conductores y parrilleros– perdieron la vida por esta causa y 187 quedaron con lesiones serias.

Agrega que las justificaciones ya se conocen: la deficiencia que ofrece el transporte público, los trancones permanentes, el costo del pasaje y la opción de empleo que se les abre a miles de motociclistas. Todas razones válidas. Pero no se trata de estigmatizar la moto como un actor clave de la movilidad. Lo que se cuestiona es el tipo de servicio que se ofrece, pues no brinda garantías de seguridad al usuario, no existen pólizas que amparen al pasajero, no se tiene la experiencia ni la pericia y tampoco se expiden licencias para que se cumpla con dicha labor.

Por ello, tanto el Ministerio del Transporte como la Secretaría de Movilidad vienen alertando sobre la ilegalidad de estas aplicaciones, incluyendo Uber y Cabify, y de sus consecuencias: mayor congestión, mayor contaminación, mayores conflictos y el surgimiento de pequeñas mafias que controlarán el negocio mediante el alquiler de motocicletas por una cuota semanal, como se ha sabido.

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, tiene razón cuando reclama que desde el Gobierno Nacional debe haber claridad sobre el uso de estas aplicaciones. Hasta el día de hoy no han logrado zanjarse las diferencias que existen entre las carteras de Transporte y Tecnología, que por un lado rotulan de ilegales estos servicios y, por otro, avalan que los usuarios hagan uso de estas. Esto dificulta el accionar de las autoridades mientras la presión aumenta en las calles.