Con mensaje de urgencia fue radicada derogatoria de Ley de Garantías

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El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos radicó con mensaje de urgencia ante el Congreso, el proyecto de Ley que propone derogar la Ley de Garantías Electorales.

Será uno de los temas políticos trascendentales para los legisladores después de la Semana Santa, debido a que el Gobierno  quiere tumbarla antes de junio, cuando entraría en vigencia, por el tema de elección de gobernadores, Alcaldes, diputados y concejales.

Aunque la Casa de Nariño goza de mayorías cómodas para impulsar la iniciativa, el debate podría convertirse en un verdadero ‘viacrucis’ ante la opinión, consideran los expertos.

La Ley de Garantías Electorales se aprobó en 2005 en el contexto de la reelección del expresidente Álvaro Uribe, con el propósito de blindar las elecciones y garantizarle juego limpio a la oposición. Para compensar las inmensas ventajas que de entrada tenía el mandatario en ejercicio como candidato, se fijaron topes en los gastos de campaña, en el acceso a medios y se acordó, además, que cuatro meses antes de las elecciones quedaba prohibida la contratación directa y los convenios interadministrativos por parte de todos los entes del Estado. En ese entonces, en medio de un ambiente de opinión favorable al presidente Uribe, la legislación buscó mitigar un poco el desequilibrio en contra de los opositores.

Pero ahora que la figura de la reelección estaría a punto de desaparecer dentro del articulado de la reforma de reequilibrio de poderes, el gobierno cree que esas prohibiciones ya no son necesarias porque lo único que hace es congelar la gestión de alcaldes y gobernadores en su último año. “Si la reelección presidencial ya no es un tema de la agenda política, no tiene sentido mantener esas restricciones. Antes de Uribe los alcaldes y gobernadores celebraban sus convenios y nadie decía que eso afectaría los intereses electorales”, dijo el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Eso fue lo que se discutió durante la cumbre de alcaldes en Cartagena hace unos días. Ante la reducción del 30 por ciento en las regalías, los mandatarios regionales le pidieron al presidente que al menos les diera más tiempo para ejecutar sus recursos.

Y el argumento principal del gobierno para hacerlo no es ni electoral, ni político: es económico. Con la caída en el precio del petróleo, la economía entró en desaceleración y las expectativas de este año están puestas en el gasto público. Si la Ley de Garantías entra en vigencia, las administraciones tendrían apenas dos meses para ejecutar sus recursos. Una maratón en donde los dirigentes aprueban contratos de afán porque el país entra en coma de junio a octubre, lo que acentuaría aún más la recesión. “El país no puede detenerse por cuenta de las elecciones y los colombianos deben confiar en sus organismos de control”, señaló la ministra consejera de Comunicaciones, Pilar Calderón. Para alcaldes como Carlos Eduardo Correa, de Montería, la propuesta del gobierno es viable y bienvenida. “Con o sin Ley de Garantías las irregularidades se presentan y es mejor tener más tiempo que tomar decisiones improvisadas”, le dijo a la revista. En su caso, recursos de la Nación para la inversión educativa terminaron llegándole tarde y, según él, dos meses es muy poco tiempo para alcanzar a ejecutar. Por eso aplaude la propuesta del presidente.

Sin embargo, el hecho de que el anuncio se diera justo dos meses antes de que se activara la ley para los comicios locales de octubre fue visto por los opositores como una movida oportunista del gobierno.

Santos buscaría liberar las riendas del gasto de los actuales alcaldes y gobernadores con el fin de asegurar la victoria a los candidatos de la Unidad Nacional. “El argumento de la reelección es una baratija teórica porque estas normas son anteriores. Buena parte de lo que quieren los alcaldes y gobernadores es perpetuar a su combo”, dijo el senador del Polo Jorge Enrique Robledo. Otros vieron el anuncio como un plan B. “Como el presidente no les pudo cumplir a los alcaldes y gobernadores con la reelección inmediata, ahora les promete levantar la ley para que hagan campaña y pongan gente de su bolsillo con recursos públicos”, señaló la representante de Alianza Verde Angélica Lozano.

La propuesta también ha sido criticada por el Procurador Alejandro Ordóñez.