Crisis humanitaria por cierre de frontera con Venezuela

La situación de los colombianos en la zona ha tendido a empeorarse, marcada por las acciones represivas de las autoridades del vecino país.

Los problemas se presentan Desde el viernes pasado, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el estado de excepción en seis municipios del estado fronterizo de Táchira.

En el país vecino se quedaron 37 niños sin sus padres, porque estos fueron deportados sin sus familiares, mientras la Cancillería pide respeto para los detenidos.

Un reporte de la Agencia Efe que cita al gobernador de Táchira, José Vielma Mora, indica que el número de deportados ascendía este domingo a 791. Aunque también se cuentan por decenas en Cúcuta a quienes decidieron volver voluntariamente por temor a la actitud agresiva de las autoridades venezolanas.

El centro de Migraciones de Cúcuta se ha convertido en el principal refugio de los colombianos deportados por Venezuela. Cerca de 200 de ellos llegaron apenas con la ropa que tenían puesta cuando fueron sacados de sus casas.

Cecilia Surmay es una de ellas. La mujer, natural de Tamalameque (Cesar), contó que decenas de hombres armados llegaron hasta su vivienda en la invasión Ezequiel Zamora, en el municipio de San Antonio, del estado de Táchira, a las 6 a. m. del sábado.

Aunque en principio los militares les dijeron a los vecinos que iban a realizar un censo, luego los sacaron de sus viviendas sin mayores explicaciones.

“Nos requisaron como si fuéramos delincuentes”, contó Surmay, quien llevaba 10 años viviendo en el sector, donde los militares también terminaron saqueando casas y demoliendo varias de ellas.

Posteriormente, añadió la mujer, los trasladaron en buses hacia una estación de la Guardia Nacional donde los retuvieron por varias horas antes de traerlos a Colombia.

En los albergues de Cúcuta algunos deportados han denunciado que tras ser sacados de sus casas la Guardia Nacional les pinta una ‘R’ o una letra ‘D’ para indicar que las viviendas han sido revisadas, o que serán demolidas. “No respetan los derechos de nadie y están demoliendo las casas con todo lo que hay adentro”, dijo Cristina Sierra, de 33 años, a quien le tumbaron su vivienda en el barrio Mi Pequeña Barinas, en San Antonio.