Denuncias periodísticas forzaron salida de un general y 10 oficiales del Ejército
Se investiga uso irregular de capacidades de inteligencia.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que 10 oficiales del Ejército  fueron apartados del servicio activo en el marco de una investigación por
“el presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar”.

Además, el ministro afirmó que un brigadier general solicitó su retiro voluntario.

El militar que pidió su salida fue el general Eduardo Quirós, quien hasta el año pasado fue jefe de comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar del Ejército.

Sin dar nombres ni exponer por qué caso concreto se dieron los retiros, el ministro Trujillo aseguró que estas medidas se tomaron por las investigaciones internas que se vienen haciendo desde hace varios meses y de las que ya se informó a la Fiscalía y la Procuraduría.

Dijo que el Comando General de las Fuerzas Militares tiene abierta una investigación disciplinaria y delegó a la Inspección General de las Fuerzas Militares para que verifiquen los procesos y protocolos con los que hoy se están desarrollando las labores de inteligencia en la Fuerza Pública. Igualmente, señaló que el 13 de enero informó de la investigación a la Procuraduría y a la Fiscalía General, para que estos organismos desarrollaran sus investigaciones.

Esas primeras indagaciones se dieron tras las denuncias conocidas hace unos meses sobre supuestos seguimientos desde el Ejército a líderes políticos, magistrados y periodistas.

La revista Semana publicó una denuncia en la que habla de presuntos seguimientos informáticos y supuestas “perfilaciones” del Ejército a 130 periodistas, políticos, ONG y sindicalistas. Se trataría de carpetas abiertas a personas sobre las que habría intereses de conocer sus movimientos y contactos.

Entre las personas perfiladas hay periodistas colombianos y extranjeros a los que se les habría hecho análisis irregulares por parte de unidades de inteligencia. También aparecen datos de exmilitares y hasta del exsecretario general de la Presidencia Jorge Mario Eastman.

Y aunque esas carpetas tendrían información obtenida al parecer de medios abiertos, llama la atención las razones por las que se habrían ordenado ese tipo de labores con personas sin requerimientos judiciales ni vinculaciones con delitos y que cuentan con protección de sus fuentes de información. Igualmente se plantean dudas sobre la financiación de esas actividades.

El ministro de Defensa aseguró ayer que también se hicieron cambios en la estructura de mando del Ejército, en los estados mayores, direcciones y unidades operativas, con el fin de “dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia”.

También dijo que se hizo una revisión de las capacidades de inteligencia militar, así como de los procedimientos que están desarrollando, “con el fin de erradicar la ejecución de prácticas que pudiesen ser contrarias a la ley de inteligencia, vulnerar los derechos de personas naturales o jurídicas y lesionar el buen nombre de la institución”.

Y agregó: “La Fuerza Pública tiene y tendrá el respaldo y respeto de los colombianos, en tanto siga actuando con transparencia, que es la fuente de su legitimidad y del apoyo de la opinión pública”.

En la rueda de prensa, que se desarrolló en la Escuela Superior de Guerra, participó el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, quien dijo que en la revisión sobre cuál era el uso que algunas dependencias estaban haciendo de las labores de inteligencia participaron más de 100 expertos en “diferentes especialidades de la inteligencia militar, con el acompañamiento de validadores nacionales e internacionales”.

Investigaciones penales y disciplinarias

Las denuncias de presuntos seguimientos ilegales desde el Ejército tiene capítulos en los entes de investigación penal y disciplinaria.

La Procuraduría lleva un juicio disciplinario contra el general Quirós porque presuntamente habría extralimitado sus funciones al realizar supuestas actividades de contrainteligencia.

De otro lado, en enero de este año, la Fiscalía le pidió a la delegada ante la Corte Suprema que investigara al general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, por las denuncias de presuntas actividades ilegales desde dos batallones.

En  las investigaciones que llevaron al retiro de 11 uniformados, según el abogado de Martínez,  no hay nada relacionado con él. “Ninguna persona ha declarado o lo ha relacionado con estos hechos”, dijo.