En carta al Presidente Santos, diversas organizaciones del país, le pidieron al mandatario una Colombia libre de Fracking, con motivo de la celebración del día mundial del agua.

Este es el texto del documento:

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua (22 de marzo), organizaciones sociales, ambientalistas, sindicales, de derechos humanos y de defensa del agua y el territorio que conformamos la Alianza Colombia Libre de Fracking, con el acompañamiento de Congresistas de diversos partidos, suscribimos esta carta (que encuentran adjunta) dirigida al Presidente Juan Manuel Santos solicitando la moratoria al fracturamiento hidráulico en lutitas (fracking) y la suspensión de los proyectos en Colombia.

Dicha carta será entregada en reunión que la Alianza sostendrá con el Viceministro de Ambiente, y será radicada de manera formal en la Casa de Nariño.

Bogotá, D. C., 22 de marzo de 2017

Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República de Colombia Casa de Nariño E. S. D.

Asunto: Solicitud de moratoria al fracturamiento hidráulico en lutitas (fracking) y suspensión de proyectos en Colombia. Cordial saludo señor Presidente.

Por medio de la presente, organizaciones ambientalistas y sindicales, sectores académicos y procesos sociales de defensa del territorio articulados en la Alianza Colombia Libre de Fracking, acudimos ante usted con el fin de solicitar que se declare la moratoria a la técnica de fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, más conocida como fracking (en adelante fracking), en perspectiva de su prohibición, así como la suspensión de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que actualmente utilizan esta técnica. Lo anterior, teniendo en cuenta el riesgo ambiental y de salud pública que implica su implementación en nuestro territorio. En particular, el fracking conlleva un alto riesgo de afectación al agua, que es de vital importancia para la vida y la supervivencia. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), esta técnica podría generar la contaminación de cuerpos de agua potable, tanto subterráneos como superficiales. Lo anterior se explica debido a la gran concentración de sustancias químicas que se utilizan en la perforación. Los millones de litros de agua que se utilizarían en esta técnica quedarían irremediablemente contaminados y sería imposible verterlos nuevamente a las fuentes hídricas ya que no existe ningún método en el mundo que permita eliminar los agentes tóxicos y radioactivos de las aguas residuales.1 Esta situación podría causar una disminución en la disponibilidad de la reserva hídrica nacional.2 Las afectaciones del fracking a los ecosistemas y en la reducción hídrica pueden generar un aumento en los conflictos socio-ambientales, en busca de un acceso equitativo y 1 United States Environmental Protection Agency “EPA’s Study of Hydraulic Fracturing for Oil and Gas and Its Potential Impact on Drinking Water Resources”. Disponible en: . 2 Ibid. sostenible, y asimismo poner en riesgo la gobernanza del agua en el país. Todo esto conllevaría, a un incumplimiento por parte del Estado colombiano en su obligación de garantizar el acceso al agua,3 así como a desatender los compromisos internacionales sobre la protección de fuentes hídricas, que se encuentran en instrumentos como la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, la jurisprudencia de tribunales como la Corte Internacional de Justicia y los principios del derecho internacional ambiental. Por otro lado, decenas de investigaciones científicas producidas por universidades, institutos y entidades prestigiosas en todo el mundo advierten del incremento de la sismicidad que se generan con la reinyección de aguas de producción en la actividad petrolera, actividad requerida en los pozos de fracking-. Sobre la sismicidad, en Oklahoma los pozos de disposición de agua del fracking, han generado una mayor frecuencia y magnitud en la reproducción de sismos, que de 50 mayores a 3 grados en 2010, pasaron a 400 en 2014 (un aumento del 800%). Para Colombia, los riesgos podrían ser mayores debido a su complejidad geológica. En materia de salud pública, existen informes en EE. UU., Canadá y la Unión Europea que relacionan la proximidad de personas a las zonas en donde se adelantan actividades de fracking con casos de alteraciones del tubo neural, nacimientos con bajo peso, defectos congénitos e incremento en la incidencia de deficiencias cardíacas congénitas. También hay evidencia de que las emisiones de pozos de fracking pueden ser transportadas por el aire a zonas residenciales vecinas y generar asma e inducir trastornos hematológicos y oncológicos. Además, los compuestos químicos usados en este tipo de proyectos pueden inducir a alteraciones endocrinológicas y causar infertilidad.4 Las razones expuestas han llevado a que diferentes naciones prohíban su práctica como es el caso de Alemania, Francia y el estado de Nueva York. Está demostrado que las actividades de fracking pueden generar un aumento en las emisiones de gas metano.5 Este gas tiene un efecto invernadero veinticinco (25) veces mayor que el dióxido de carbono, así que, en un período de veinte años, su huella en el efecto invernadero es peor que la del carbón o la del petróleo, por lo que, a largo plazo, sus implicaciones son mayores frente al cambio climático.6 A pesar de todos los potenciales daños que pueden ser causados por el fracking, el 3 Corte Constitucional. Sentencia C-035/15. 4 Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Principio de Precaución: Herramienta jurídica ante los impactos del fracking, Fundación Heinrich Boell México, 2016. En: . 5 Ibid. 6 Ibid. panorama en Colombia es desalentador. Actualmente, al menos, trescientos (300) municipios del país están en riesgo potencial en por lo no menos 43 bloques destinados para exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Varios de estos bloques están ubicados en las cercanías a Bogotá, algunos de ellos en los alrededores de los páramos de Chingaza y Sumapaz. 7 De manera específica, en el Cesar y Santander se están adelantando actividades de exploración de YNC bajo el contrato VMM3, cuyo titular es la empresa ConocoPhillips. En esta región la comunidad de San Martín se ha movilizado pacíficamente en contra del mencionado proyecto bajo el liderazgo de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec) y, en múltiples ocasiones ha pedido ser escuchada y tenida en cuenta por el Gobierno, sin resultados satisfactorios. Además, no cuentan con garantías frente a su derecho a la protesta y por el contrario han sido intimidados, perseguidos y amenazados en reiteradas ocasiones. Sumado a lo anterior, Colombia no cuenta con información suficiente sobre los efectos de la implementación del fracking en cordilleras. Por tal motivo, se desconocen los impactos que tendrían los proyectos en estos ecosistemas. A pesar de esta falta de información, gran parte de los bloques petroleros destinados a exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (YNC) están ubicados en zonas de cordillera, en áreas densamente pobladas. Por otro lado, los cambios en el acceso y la vocación productiva del suelo, derivados de los proyectos de fracking, van en contravía de la Reforma Rural Integral que forma parte del Acuerdo de Paz y que actualmente está en proceso de implementación, y de principios como la participación de las comunidades y el desarrollo sostenible para proteger y promover el acceso al agua, entre otros.8 Ahora bien, cabe resaltar que las actividades de fracking son contrarias a los principios y derechos constitucionales del ordenamiento jurídico colombiano que deben ser garantizados por las entidades estatales. De un lado, las afectaciones que tiene el fracking en el agua, y en su disponibilidad, afectan los derechos a la vida, al agua y al ambiente sano, entre otros. Esto, teniendo en cuenta que «el agua es vital para el ejercicio de derechos inherentes al ser humano y para la preservación del ambiente»9 y que el derecho al agua potable destinada al consumo humano es un derecho fundamental de todas las 7 Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC. «¿Fracking en Bogotá?: Páramos, agua y ecosistemas bajo amenaza». Disponible en: 8 Texto de los Acuerdos de Paz: Reforma Rural Integral. Disponible en: . 9 Corte Constitucional. Op. cit. personas.10 De nada sirve asumir compromisos internacionales como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si se le da vía libre al fracking. En esta medida, urgimos al Gobierno a tomar en serio las obligaciones legales y constitucionales de protección del ambiente, que se estarían incumpliendo si se adelantan las actividades arriba mencionadas. Es importante reconsiderar la dependencia del país de los combustibles fósiles, pues existen alternativas menos contaminantes para generar energía, así como estrategias diferentes para revitalizar realmente el crecimiento económico en el campo colombiano, que no implican prácticas agresivas como el fracking. Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos necesario que el Gobierno colombiano aplique el principio de precaución y por lo tanto implemente medidas urgentes para prevenir los potenciales impactos ambientales y sobre la salud pública que puedan ser causados por el fracking.11 En el caso particular del fracking en Colombia, se constituyen todos los elementos del principio de precaución, a saber: 1) peligro de daño o riesgo grave o irreversible; 2) falta de certeza científica; y, 3) la necesidad de adoptar medidas eficaces para impedir la degradación ambiental. Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que: «(i) ante la amenaza de un peligro grave al ambiente o la salud, del cual (ii) no existe certeza científica, pero (iii) sí existe algún principio de certeza, (iv) las autoridades deben adoptar medidas de protección, o no pueden diferir las mismas hasta que se acredita una prueba absoluta».12 Esta posición es compartida por la Contraloría General de la República que, en el año 2012 emitió un control de advertencia afirmando que: «el fracturamiento hidráulico, como herramienta empleada para la explotación de los hidrocarburos no convencionales, conlleva un riesgo latente para el patrimonio ambiental, por el peligro de contaminación de aguas superficiales y subterráneas y las posibles afectaciones por el desencadenamiento de sismos».13 Estos argumentos fueron reiterados en la actuación especial de seguimiento de noviembre de 2014 que consideró que «no se ha atendido el Principio de Precaución y falta adoptar determinaciones que permitan prevenir o evitar efectos negativos sobre los recursos naturales, el recurso agua y la salud pública». 10 Ibid. 11 World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (Comest). The Precautionary Principle. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Unesco). 2005. 12 Corte Constitucional. Sentencia T-299 de 2008. 13 Contraloría General de la República. Función de Advertencia. Principio de Precaución y Desarrollo Sostenible. Disponible en: . Adicionalmente, a raíz de la situación actual del municipio de San Martín, la Contraloría emitió a finales de 2016 dos nuevos pronunciamientos en los que afirma que ha habido irregularidades en los trabajos de exploración del contrato VMM3 adicional «al permitir que la empresa Conocophillips continuara con un trámite que legalmente no es posible , buscando la aprobación de un plan de manejo ambiental para iniciar labores en el pozo Picoplata #1», 14 por lo que le recomienda al Gobierno nacional «abstenerse de suscribir contratos para la explotación de yacimientos no convencionales […]»15, porque podría llevar a «la afectación de cuerpos de agua superficial, subterránea ( de acuíferos) e impacto de igual medida el suelo y la biota del ecosistema en el área de exploración y producción». 16 Dadas las anteriores circunstancias, teniendo en cuenta el peligro considerable que representa el fracking para el ambiente, el agua y la salud de las personas que habitamos en Colombia, y en el marco del Día Mundial del Agua que se conmemora hoy 22 de marzo, la Alianza Colombia Libre de Fracking solicita que se adopten medidas urgentes y eficaces para impedir la degradación ambiental y los daños a la salud humana. Específicamente, se solicita que se declare la moratoria al fracking en Colombia en perspectiva de prohibir su aplicación en todo el país, y que se suspendan los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en YNC que actualmente están vigentes. Para comunicaciones posteriores, puede contactarnos a través del correo colombialibredefracking@gmail.com. Cordialmente, ALIANZA COLOMBIA LIBRE DE FRACKING Conformada por las siguientes organizaciones sociales, ambientalistas, sindicales, de derechos humanos y de defensa del agua y el territorio: Asociación Ambiente y Sociedad Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña (Guasca, Cundinamarca) 14 Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. «Contraloría advierte ilegalidad de actividades de empresa Conocophillips denunciadas por la CCALCP en proyecto Fracking y encuentra hallazgos contra la ANLA ». Disponible en: . 15 Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. «Contraloría advierte nuevos hallazgos de ilegalidades de proyecto fracking y consecuencias de daños ambientales a cuerpos de agua, al suelo y al ecosistema». Disponible en: . 16 Ibid Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC Cundinamarca Campaña Agua Sí Petróleo No – Sumapaz (Fusagasugá, Cundinamarca) Canto al Agua Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” Cinturón Occidental Ambiental – COA (Antioquia) Colectivo por la Protección de la Provincia Sugamuxi (Sogamoso, Boyacá) Colectivo Tierra Libre (Cundinamarca) Comité Ambiental en Defensa de la Vida (Ibagué, Tolima) Comité organizador de la consulta popular (El Carmen de Chucurí, Santander) Comité organizador de la consulta popular (San Vicente de Chucurí, Santander) Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Santander) Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC (San Martín, Cesar) Corporación Geoambiental TERRAE Corporación para la defensa integral del ambiente y las fuentes hídricas en el Bajo Simacota – COLDIMAFH Corporación para la defensa integral del Carmen De Chucuri – CORDECAR Corporación por la Defensa del Agua y Territorio Yariguies (Santander) Corporación Compromiso y Observatorio Minero Ambiental – OMAC (Bucaramanga, Santander) Creatividad para Colombia Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Químicos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares – FUNTRAMIEXCO Fundación Alma Fundación Humedales Bogotá Fundación Nuestro Páramo ONG Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio – GEAM (Barrancabermeja, Santander) Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero (Arauca, Casanare, Meta y Guaviare) Movimiento Ambientalista Colombiano Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí – Ríos Vivos Santander Observatorio de expansión Minero-Energética y re-existencia Red de Comités Ambientales del Tolima Red Iglesias y Minería Red Nacional del Agua Red por la Justicia Ambiental en Colombia Veeduría Ciudadana para la Protección de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen” Vida Digna – Comité Chucureño por la Defensa del Territorio Con el acompañamiento de: Carlos Fonzeca, ExDirector de Colciencias Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad – DeJusticia Manuel Rodríguez Becerra, Ex-Ministro de Ambiente Oscar Vanegas Angarita, Ingeniero de Petróleos, Profesor Universidad Industrial de Santander Alberto Castilla Salazar, Senador, Polo Democrático Alternativo Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara – Bogotá, Polo Democrático Alternativo Ángela María Robledo, Representante a la Cámara – Bogotá, Alianza Verde Angélica Lozano Correa, Representante a la Cámara – Bogotá, Alianza Verde Claudia López Hernández, Senadora, Alianza Verde Eloy Chichí Quintero, Representante a la Cámara – Cesar, Partido Cambio Radical Iván Cepeda Castro, Senador, Polo Democrático Alternativo Jorge Prieto Riveros, Senador, Alianza Verde Luciano Grisales, Representante a la Cámara – Quindio, Partido Liberal