El FscalGeneral de la Nación, Néstor Humberto Martínez anunció este martes que serán imputados el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez por el PAE; el gobernador de La Guajira, Wílmer González, por irregularidades electorales; la exgobernadora Oneida Pinto por contrato de reducción de la mortalidad infantil en el departamento y el exgobernador José María Ballesteros por contrato del dengue.

El alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, fue capturado este viernes en allanamiento a su despacho, de donde fue sacado junto a otros 8 funcionarios de su administración procesados por corrupción.

Sobre el proceso judicial, la Fiscalía dio a conocer el siguiente documento:

La Guajira, 27 de enero de 2017

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA –

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA GUAJIRA

| 27 de Enero de 2017 – 12:46

A Wilmer González, por presunta corrupción electoral, a Oneida Pinto por el contrato de reducción de mortalidad infantil, y a José M. Ballesteros, por el contrato de $17.000 millones de dengue.

El fiscal Néstor Humberto Martínez anunció este martes que serán imputados el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez por el PAE; el gobernador de La Guajira, Wílmer González, por irregularidades electorales; la exgobernadora Oneida Pinto por contrato de reducción de la mortalidad infantil en el departamento y el exgobernador José María Ballesteros por contrato del dengue.

Alcalde de Riohacha

Por el contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Riohacha, por $5.700 millones para favorecer a más de 23 mil niños, Martínez explicó: “evidenciamos que la alimentación no estaba llegando a los niños. En septiembre de 2016 se suscribió un otrosí para que se entregaran esos alimentos que no habían llegado”.

En medio de ese proceso, señaló el funcionario, “hemos encontrado presuntas irregularidades por $1.176 millones, ya que el convenio, en un 20%, no llegó a los niños”.

Por los hechos fueron capturados Fabio Velásquez, alcalde de Riohacha, del partido Cambio Radical, y Dilcey Acosta, secretaria de Educación. Además, están involucrados otros funcionarios y particulares.

Los delitos a imputar, en audiencia que se desarrollará en las próximas horas en Bogotá, son contrato sin cumplimiento de requisitos, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

“El contrato fue celebrado entre el alcalde y Saúl Beltrán, representante de la Asociación Social del Caribe”, dijo el fiscal.

Gobernador de La Guajira

El jefe del ente penal anunció también que será imputado el gobernador de La Guajira, Wílmer González, de La U, el próximo 9 de febrero ante el Tribunal Superior de Bogotá, por “presuntas maniobras concertadas que afectaron la transparencia de las elecciones del 6 de noviembre de 2016”.

Agregó el fiscal que se podría haber cometido en los comicios los delitos de cohecho y corrupción al sufragante.

“Vamos a imputar a también a la concejal de Maicao, La Guajira, Silbelly Solano, y hay otros concejales y particulares implicados”, advirtió.

Exgobernadora Oneida Pinto

Del mismo modo, Martínez anunció que el próximo 10 de febrero, ante el Tribunal Superior de Bogotá, será imputada la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, de Cambio Radical, por irregularidades en el contrato para la reducción de la mortalidad infantil de 2014.

“Vamos a imputar a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por el contrato por $16.800 millones para reducir la mortalidad infantil. Pinto será imputada el próximo 10 de febrero por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad en documento público y privado”, dijo.

Exgobernador José María Ballesteros

De otro lado, por irregularidades por $17.500 por el contrato de investigación sobre el dengue, el fiscal anunció, como lo reveló EL HERALDO, que se imputará el próximo 15 de febrero en Riohacha al exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, de Opción Ciudadana.

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Así mismo, “se imputará a Freddy Díaz Quijano, contratista; al secretario de Salud de La Guajira, Francisco Araújo, y al asesor del gobernador, Marco Pedraza”.

Indicó Martínez que “la entidad contratada para el estudio no no tenía experiencia ni capacidad económica”.

Y agregó que de los $4.600 millones entregados, cerca de $360 han sido utilizados en actividades no estipuladas, como que se pagaron sobrecostos, se favoreció a particulares, contrato de vehículos y duplicidad de actividades.

Sobre este panorama en La Guajira, señaló finalmente el fiscal: “me he comunicado con el presidente para adoptar medidas extraordinarias para restablecer el tejido institucional de La Guajira”.