Fuerzas políticas del Cesar y N. de Santander presionaban para ejecución del proyecto vial Gamarra-Ocaña

Gobernadores, alcaldes, líderes locales y principalmente parlamentario influenciar a los agentes políticos de la Agencia Nacional de Infraestructura, – ANI-, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación – DNP-, en un intento de obtener el otrosí definitivo con la inclusión de las condiciones” que pedía la compañía.

El representante de la firma brasilera Odebrecht, Eleuberto Antonio Martorelli aseguró en la declaración ante las autoridades colombianas desde su país, que “desde mediados de 2012 la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- venía siendo presionada por comunidades y fuerzas políticas de los departamentos de Cesar y de Norte de Santander para desarrollar un proyecto de red vial de Cúcuta – Ruta del Sol – Puerto Fluviales”.

La información fue entregada por Caracol Radio, que conoció la declaración de Eleuberto Antonio Martorelli con las autoridades brasileñas sobre la obtención del otrosí al contrato de obra de la vía Ocaña – Gamarra de la Ruta del Sol.

En esa declaración Martorelli dice que asumió el cargo del director Superintendente en Colombia en enero de 2013 sustituyendo a Luiz Antonio Bueno Junior.

Dice Martorelli que la ANI envió un oficio a la Concesionaria sobre la estructuración del tamo denominado “Ocaña Gamarra” de 90 kilómetros de carretera desde Ocaña – Rio de Oro hasta Gamarra – Puerto Capulco.

En julio de 2013 se firmó el otro sí para que Odebrecht realizara los estudios de obra. Según Martorelli el valor de la obra estimado era de 1.2 billones de pesos colombianos, es decir 450 millones de dólares. Valor por el cual efectivamente se hizo la adición a Ruta del Sol II.

¿En dónde aparece Otto Bula?
En esa misma declaración, Martorelli señala que conoció al exsenador Otto Bula en el periodo de transición con su antecesor, el señor Luiz Antonio Bueno en diciembre de 2012 y da fechas exactas, “entre los días 13 y 14 de diciembre fui presentado al exsenador de la República Otto Bula que tiene una gran influencia en los medios políticos y sociales y actúa como lobista”. Hoy Bula está capturado e imputado por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Martorelli dice que Bula comenzó a visitarlo en la compañía en condición de lobista “para verificar si había algún proyecto en el cual él podría influenciar ya que venía planeando la aprobación de diversos proyectos para la región del Caribe colombiano junto al Gobierno Nacional y en la promoción del paquete de más de 30 carreteras que serían concesionadas por la ANI”, en el que estaba el tramo Ocaña – Gamarra.

Sobre el tramo Ocaña – Gamarra, sin licitación
Martorelli dijo que Bula le informó que “podría viabilizar un otro si mediante el cual la ANI cedería la construcción, la operación y el mantenimiento de ese tramo, sin la necesidad de que el proyecto fuera licitado, conforme lo permitía el contrato de concesión”.

Aunque Martorelli reconoce que ya estaba en acuerdo con la ANI para la vía, dice que le comentó a Bula que necesitaban unas condiciones para la compañía: “el incremento del 15% de las tarifas de los 5 peajes existentes; la creación de dos nuevos peajes; anticipación de las vigencias futuras de los años 2024 y 2025 para los años 2016. 2017, y 2018; garantía del Estado a valor presente por ingreso de peaje en los años 2023 y 2018, (es decir el Estado iba a garantizar un valor mínimo de recaudo de los peajes hasta el año de 2013 y posteriormente hasta el año 2018).

¿Y a cambio de qué?
Martorelli dice que en las reuniones con Bula, él dijo que “podría influir para acelerar la obtención del otrosí”, por lo cual acordaron “un valor en pesos, equivalente al 1% del valor previsto para las obras”, lo que se conoce como “succes fee” o comisión por éxito.

En la declaración Martorelli señala que Bula “utilizaría su relación política (gobernadores, alcaldes, líderes locales y principalmente parlamentarios) para influenciar de forma lícita a los agentes políticos de la Agencia Nacional de Infraestructura, – ANI-, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación – DNP-, en un intento de obtener el otrosí definitivo con la inclusión de las condiciones” que pedía la compañía.