Gobierno no descarta intervención de Electricaribe

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Minhacienda asegura que al Gobierno “no le temblará la mano” para intervenir a Electricaribe

El departamento del Cesar, donde menos avanzan las inversiones de Electricaribe
El Gobierno Nacional advirtió que la Nación tomará la medida de intervenir la emprea Electricaribe cuando la empresa de energía “incumpla la ley”.

La posibilidad de que el Gobierno Nacional intervenga la empresa Electricaribe fue planteada ante el Congreso por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Al Estado “no le temblará la mano” para tomar la medida, aseguró durante una sesión de la Comisión IV de la Cámara de Representantes, en Barranquilla.

“Somos totalmente conscientes de la insatisfacción y el inconformismo que existe en la Región Caribe por la calidad del servicio de Electricaribe”, enfatizó el funcionario. Señaló que el Gobierno ha hecho un “gran esfuerzo” por asignar en los presupuestos “los recursos necesarios para que el servicio funcione bien”.

Destacó que desde el Ministerio de Hacienda han pagado “oportunamente” los subsidios para estratos 1, 2, y 3; así como el del estrato cero. Recordó que también han financiado proyectos de normalización de redes. A mediados de 2015 el Ministerio de Minas anunció inversiones por $4 billones (3 billones aportados por el sistema tarifario eléctrico nacional y el resto por Electricaribe) en infraestructura energética en la Región. El gerente de este plan, Edgardo Sojo, ha informado, en varias ocasiones, el retraso en los aportes correspondientes a la empresa de energía.

Un informe de auditoría de la Contraloría General, de julio pasado, señaló que Electricaribe fue la empresa del país que más recursos Prone recibió: $46.000 millones en 2011 y, al año siguiente, estos llegaron a $107.000 millones. Centrales Eléctricas de Nariño, Cedenar, recibió $13.000 millones en 2011 y $16.000 millones en 2012; la Compañía Energética de Occidente (Cauca) $857 millones y Electrocaquetá $1.559 millones.

“El Gobierno ha cumplido todas sus obligaciones y enviamos el mismo mensaje a todos los ciudadanos. En ese contexto, no nos va a temblar la mano para intervenirla”, reiteró. Enseguida se oyó un “Gloria a Dios” de un asistente a la sesión que sostenía una pancarta con el mensaje: “Pa’ fuera Electricaribe”.

Las quejas y protestas de los ciudadanos han sido replicadas por alcaldes y gobernadores de la Región Caribe. En repetidas ocasiones le han exigido al presidente Juan Manuel Santos la intervención.

Una medición de 2014 registró que en promedio cada usuario de esta empresa pasó 83,5 horas afectado por fallas eléctricas.

La media nacional estuvo en 17,27 horas.

Inclumplimiento

Cárdenas explicó que las causales de intervención “están establecidas y es Electricaribe el que cumple o incumple“. “El Gobierno intervendrá cuando incumpla, cuando se generen esas condiciones”.

Puntualizó que el papel del Gobierno es “estar preparado” para el momento en el que tenga que asumir el servicio. Al ser cuestionado sobre las leyes y condiciones que mencionó, respondió que “son las que regulan la prestación de servicios públicos domiciliarios. Donde la empresa que presta el servicio tiene unas obligaciones que si deja de cumplir puede ser intervenida”.

La evaluación de los compromisos de la empresa es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios, según el funcionario. “Esos aspectos –dijo– los tiene que valorar la Superintendencia para tomar su determinación. Lo que hace el Gobierno es estar preparado para que en dado caso de que sea intervenida no vaya a haber ninguna afectación en la presentación del servicio”.

Desbordado

El representante Luis Eduardo Díaz Granados, presidente de la Comisión IV, consideró que el problema con Electricaribe ha “desbordado” la capacidad de tolerancia de los más de dos millones de usuarios de la Región Caribe; de las alcaldías, gobernaciones y empresarios.

Idicó que el “gran temor” que tiene que Gobierno es que asuman el servicio y tengan “iguales o peores dificultades” de las que ofrece la empresa. “El incumplimiento ya se cumplió hace rato. Seguramente son muy delicados, además, porque no quieren perjudicar convenios de cooperación económica. Siempre hay el temor de inversionistas extranjeros de que cambien las reglas sobre la marcha. Pero las razones están de sobra”.

Sobre la intervención

La Ley 142 del 94 establece que el Estado puede intervenir en los servicios públicos, entre otros, para:

– Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.

– La ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios.

– La prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.