Gobierno propone listas cerradas para Cámara y Senado a partir de las próximas elecciones

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El Gobierno tiene lista la reforma política para proponer al Congreso vía Fast Track en la que se plantea la constitución de un Consejo Electoral Colombiano –que reemplazará al Consejo Nacional Electoral actual– con nueve magistrados designados por el presidente, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Entre otras funciones, el Consejo Electoral ejercerá la vigilancia sobre los procesos electorales, reglamentará su presencia en los medios de comunicación del Estado y decidirá la revocatoria de inscripción de candidatos inhabilitados para competir.

La Registraduría deberá implementar gradualmente el voto electrónico y generalizar el sistema de identificación biométrica en aras de garantizar mayor transparencia en las elecciones. Seguirá encargada de administrar los procesos electorales.

La lista cerrada se pondrá en marcha para Senado y Cámara en 2018. En este tema, el Partido Conservador y algunos sectores de La U, el Polo Democrático y la Alianza Verde piden un tiempo de transición. Según ellos, el cambio de reglas para crear la lista debe empezar a regir en 2022.

No se conformarán los distritos uninominales que propuso la Misión para garantizar que algunas regiones de cada departamento queden representadas.

Se mantiene la circunscripción nacional para el Senado.

La financiación de las campañas será predominantemente estatal mediante anticipos, reposición de gastos y financiación indirecta de algunos rubros como parte de la propaganda electoral y el servicio público de transporte el día de la elección. Esto último implica un cambio profundo en las costumbres políticas, pues los candidatos tendrán prohibido contratar buses ese día para movilizar votantes. Tampoco podrán entregar regalos a los ciudadanos ni manejar dinero en efectivo. Violar los topes máximos de financiación, así como las normas de propaganda electoral, transporte de electores y movimientos monetarios causará la pérdida de investidura. Las campañas para cargos y corporaciones entre 2018 y 2022 serán financiadas totalmente con recursos estatales.

El Consejo Electoral pondrá en marcha el Registro Nacional de Proveedores para suministrar, con precios de referencia, bienes y servicios a las campañas. Estas solo podrán contratar a quienes aparezcan en el registro.

La edad requerida para ser senador bajará de 30 a 25 años y para ser representante pasará de 25 a 21 años.

El Consejo Electoral contará con un cuerpo técnico de investigación y tendrá funciones de Policía Judicial para investigar y sancionar a quienes violen las normas sobre organización, funcionamiento y financiación de las campañas, así como las regulaciones sobre encuestas de opinión y electorales.

El presidente de la república queda facultado durante un mes después de aprobada la reforma política para reglamentar por medio de decretos el proceso electoral de 2018, en lo concerniente a la financiación de las campañas políticas. También podrá expedir normas en aspectos relacionados con la presentación de candidatos en coalición a cualquier cargo elegido mediante el voto.