Este miércoles el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’, revelaron detalles del histórico acuerdo que alcanzaron en uno de los temas más importantes y polémicos del proceso de paz que se adelanta en La Habana: el de justicia transicional (restaurativa y reparadora), y anunciaron que se acordó que a más tardar en seis meses, es decir en marzo de 2016 deberá estar firmado el Acuerdo Final del Proceso de Paz.

Los acuerdos definen un Tribunal especial para juzgar a guerrilleros y agentes del Estado que se hayan involucrado en el conflicto armado. Miembros del Estados Mayor de Farc no necesariamente pagarían condenas en las cárceles. No se descarta un cese bilateral del fuego.

Principalmente, lo que se acordó en el punto de justicia fue crear unajurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial. Éstos estarán integrados especialmente pormagistrados colombianos y una participación, minoritaria de juristas extranjeros.

La función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo “acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitoscometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”.

En declaraciones entregadas desde La Habana, el Jefe de Estado y el máximo cabecilla de las Farc se explicó que el componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.

Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias. De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.