La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, denunció que con amenazas de bloqueos de vías y violencia a funcionarios están exigiendo a la institución contratar servicios con operadores de atención “corruptos” que vulneran los derechos de los niños al no cumplir con los estándares de calidad.

Los hechos vienen ocurriendo en el departamento de La Guajira y se estima que debido a la exigencia de una parte de la comunidad se está impidiendo la atención de cerca de 1.200 menores.

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presenta su preocupación ya que en muchas comunidades de La Guajira nos obligan a contratar operadores corruptos y nos amenazan con bloqueos de carreteras y de la vía férrea, pero no vamos a ceder y no nos vamos a dejar presionar porque son primero los derechos de los niños de nuestro país”, sostuvo Plazas.

Por otro lado, la directora Plazas anunció que esta tarde irá a la Fiscalía a denunciar a uno de los operadores de la institución que recibe el nombre de “Fundasistir” contratada el pasado 29 de mayo, ya que durante la visita de supervisión encontró que están atentando contra los derechos de los menores, teniéndolos en condiciones críticas.

“Tenemos un video donde se muestra el hacinamiento de los niños, las precarias condiciones en la que están los menores allí atendidos y sin embargo, la comunidad quiere que le renovemos el contrato a este operador y no lo vamos a hacer, es más, esta tarde iré a poner la denuncia de este caso”, dijo.

Por último, la directora Plazas también se refirió a la problemática de los contratos de las madres comunitarias pues ante la amenaza de estas empleadas de convocar un paro en los próximos días, hizo un llamado para que se sienten a dialogar antes de que miles de niños y padres se vean nuevamente afectados como pasó hace solo 4 meses en un paro qué duró 20 días.