Un juez de control de garantías fue designado  para la legalización de la captura, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento contra alcalde del municipio de Aguachica, Cesar, Henry Montes, por escándalo de alimentación escolar del colegio Sagrado Corazón.

La Fiscalía también ordenó también la captura del asesor jurídico del municipio Nicolás Julio González; al gerente de Planeación y Obras Juan Carlos Zuleta Neira; el secretario de Educación del municipio, la contratista que entregaba los alimentos y la coordinadora del colegio.

Estas seis personas deberán responder ante las autoridades por delitos relacionado con corrupción administrativa.
“No debo nada. Es un contrato que se hizo con otra persona. Me toca respetar y responder”, expresó el alcalde en una entrevista realizada por Blu Radio.

El alcalde sabía lo que estaba pasando, pero omitió intervenir

El alcalde deberá responder por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Agentes del CTI de la Fiscalía caputaron en la mañana de este jueves al alcalde de Aguachica (Cesar), Henry Montes por su participación en las irregularidades que se presentaron en la entrega de contratos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según la investigación, el mandatario municipal habrían tenido conocimiento de las fallas que se estaban presentando en la ejecución de dos contratos para la entrega de refrigerios a los estudiantes de los colegios del municipio. Los contratistas estarían entregando pequeñas raciones de comida a los estudiantes.

En diálogo con BluRadio el alcalde aseguró que “es un contrato que hizo otra persona. Me toca respetar y responder”. Justo en ese momento agentes del CTI ingresaron a su despacho para capturarlo. La Fiscalía le imputará el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Igualmente se ordenó la captura de su asesor jurídico, el secretario de Educación del municipio, el secretario de Planeación, la contratista que entregaba los alimentos y la coordinadora del colegio Sagrado Corazón. 

Las fallas en la ejecución quedaron registradas cuando se conoció que a dos contratistas se les había entregado millonarios convenios contractuales para cumplir con el objetivo del citado programa, lo que representa una irregularidad administrativa.

Hace dos semanas se conoció un video en el que aparecían varios estudiantes posando con un plato de comida y un vaso de jugo. Sin embargo, los menores de edad no recibían los alimentos que aparecían en la fotografía. Al contrario recibían un patacón con “tres tiras de pollo o carne desmechada” y un vaso a medio llenar. Estas fallas fueron corroboradas por una comisión del Ministerio de Educación y la Defensoria del Pueblo.

Días después se conocieron otras denuncias en las cuales se manifestaba que había falencias en la preparación de los escasos alimentos que recibían los menores de edad, quienes muchas veces tenían que comer en el piso, poniendo en riesgo su salud.

Los procesados serán trasladados en las próximas horas a Barrancabermeja donde serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de la captura, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, 

Desde 2015 la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo sobre las irregularidades en los programas de alimentación escolar en varias zonas del país. En un informe divulgado en agosto del año pasado evidenció cómo en 13 municipios de Atlántico, Chocó y La Guajira se estaba desviando la plata de este programa que debería invertirse en la compra de frutas, verduras, proteína y carbohidratos de calidad que les permitan a los estudiantes rendir en la escuela, así como para emplear a cocineros capacitados en manipulación de alimentos bajo contratos justos.