Distintas organizaciones y la Red de observatorios sobre la Restitución de Tierras y derechos territoriales, también acusaron al presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie y al Procurador General de l Nación, Alejandro Ordóñez, de ejercer un complot que busca debilitar el derecho de propiedad legítimo.

Esa denuncia ya había sido hecha ante el congreso, por el senador Ivan Cepeda, en una declaración en la que involucra al partido político, Centro Democrático.
En una declaración conjunta, afirman que “a pesar de sus limitaciones, la política de Restitución de Tierras representa un avance importante del estado colombiano hacia la garantía de los derechos de las víctimas y constituye un acto de justicia con ella, razones por las cuales debe continuar”. Pero también, subrayan que es “indispensable reconocer  la problemática social de los actuales ocupantes de predios (segundos ocupantes)”, al tiempo que hacen un llamado para que no se generalicen las críticas infundadas  a la política de restitución.

Claudia Erazo, representante de la Corporación Jurídica Yira Castro, dijo que el foro convocado por el Procurador  Alejandro Ordoñez en Cesar sobre restitución y las acusaciones del presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie,  quien dijo  que “la restitución no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”,  pone en peligro a los reclamantes, a quienes han sido restituidos, a  defensores de derechos humanos, funcionarios de restitución de tierras y de la Rama Judicial.”

Advirtió que desde hace varias semanas las  comunidades de San Angel, Chibolo y Pivijay en Magdalena denunciaron la presencia de  hombres armados en el territorio, camionetas y personas desconocidas que preguntan por los líderes de los procesos de reclamación y amenazan con represalias a los líderes.

“Para nosotros las afirmaciones del procurador en ese tipo de escenarios y en los medios de comunicación son un atentado  a las garantías judiciales en los procesos de restitución,  porque la procuraduría tiene delegados allí”, recalcó Claudia Erazo.

Patricia Moncada del Observatorio de la Universidad de los Andes, dijo que en los foros del Procurador y  las afirmaciones de José Felix Lafourie hay un sesgo político y una amenaza velada, que lanza en un  coliseo lleno de gente enardecida, “ha habido  acusaciones muy graves a observatorios y gente que está trabajando en la restitución, para señalarlas como ONGs  que pertenecen a las FARC “.

Añadió que hay una campaña en el Centro Democrático a través del Congreso para debilitar la Ley 1448 y decir que es la principal amenaza hoy en Colombia contra los derechos de propiedad de los campesinos más pobres.

Rocío del Pilar Peña, del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, acotó que en las actuaciones del Procurador Ordoñez y las  declaraciones de Lafourie hay  un discurso oportunista  aprovechándose de personas  vulnerables que fueron despojadas para hacer política partidista. “La Ley de Restitución de Tierras  fue aprobada  antes de las negociaciones en La Habana, no podemos decir que las FARC o el  ELN hicieron la ley. Ellos son políticos oportunistas que buscan aprovecharse de las víctimas”.

Rodrigo Uprimny del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), señaló que  es un debate que se ha vuelto ideológico porque  el Procurador y Fedegan “están  tomando algunos casos problemáticos de segundos ocupantes para plantear que  la restitución va a terminar afectando a todos los campesinos  y los va a victimizar”.

Uprimny acotó que los jueces están actuando bien, por lo cual dijo, “la ley no requiere reforma sino ajustes, lo que están haciendo (Procurador y Fedegán) es usar este tema para hacer una ofensiva contra la restitución, es un debate que se ha tornado ideológico, pero no se puede utilizar a unos campesinos y convertir  la Ley de Restitución en una amenaza al derecho de propiedad porque al contrario, lo que hace la ley es garantizar ese derecho de propiedad legítima”.

El documento también lo suscriben Codhes, Casa de la Mujer, Fundación Forjando Futuros, el Observatorio Tierra y Derechos del Cinep y Oxfam Intermon, entre otros.