El Gobierno volvió a aplazar para febrero de 2020, la contratación de un nuevo operador para la empresa Electricaribe

Para tomar la decisión para el cierre del proceso se argumenta que caída de Ley de Financiamiento impacta negativamente los activos.

La situación surge un mes para la realización de las subastas dentro del proceso de búsqueda de un nuevo operador para el servicio de energía en la Costa Caribe, el Gobierno nacional anunció un nuevo aplazamiento en el cronograma que ahora irá hasta febrero de 2020.

Es así como las tres subastas programadas para el 3, 6 y 12 de diciembre de 2019, se realizarán los días 26 (mercado completo) y 28 de febrero de 2020 (mercado segmentado). La fecha límite para recepción de ofertas prevista para el 25 de noviembre queda para el 20 de febrero del próximo año.

El argumento que presenta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que intervino a la compañía desde hace tres años, es que la declaración de la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento por parte de la Corte Constitucional afectaría de manera negativa la valoración del mercado de las nuevas empresas que contempla el proceso (CaribeMar y CaribeSol si es segmentado y Nueva Caribe para el mercado completo).

“La variación en la valoración podría ascender a cerca de $500 mil millones; razón por la cual Electricaribe ve la necesidad de prorrogar el plazo de las subastas que adelanta actualmente para la presentación de ofertas vinculantes”, indica la Superservicios en un comunicado.

Son tres los aspectos básicos en los que se afecta la valoración de la empresa: la tasa nominal de renta, la tasa de las megainversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital. Estos tienen un efecto relevante sobre la transacción.

La Superintendencia reitera que la decisión, que fue publicada ayer en la octava adenda al proceso, se tomó “con el fin de tener certeza sobre los aspectos fiscales que se están tramitando actualmente en el Congreso de la República”. Esto tomando en cuenta que el Congreso tramita la nueva Ley que reemplazará a la Ley de Financiamiento, pero que tiene el mismo contenido.

Este anuncio se hizo a pocos días de que se publicara la séptima adenda en la que se establecieron nuevos requisitos para las empresas que ganen las subastas, entre las que están la prohibición de repartir dividendos en los primeros tres años y entregar garantías para cumplimiento del plan de inversiones.

mismos componentes de Ley de Financiamiento”, agregó el mandatario.