Las investigaciones se extienden a  más de 1.200 municipios

La Auditoría General de la Nación pidió a la Fiscalía, investigar contratos otorgados en las 32 gobernaciones para financiar campañas políticas en las últimas elecciones.
Gobernaciones y alcaldías habrían entregado contratos a empresarios aportantes a campañas, según resultados de una auditoría revelada en las últimas horas, fenómeno que se presenta en todos los 32 departamentos y más de 1.200 municipios del país.

De allí que la Auditoría General de la Nación le pidió a la Fiscalía General que investigue la contratación hecha por las gobernaciones y alcaldías ante presuntas irregularidades que se presentaron en la asignación de contratos a portantes de las campañas de en los años 2012 y 2015.

Según dijo el Auditor General de la Nación, por cada peso que fue aportada por los empresarios a una campaña, hubo una retribución, en promedio, de $59.000 en contratos regionales. Felipe Córdoba explicó que se ha contratado$80.000 millones con empresas aportantes a las campañas políticas, de ese monto al 66%, es decir $50.000 millones se retribuyeron en contratos a dedos.

“Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, en la anterior administración, encontramos casos como la Unión Eléctrica S.A. en donde aportaron $20 millones y recibieron contratos por $97.000 millones” según dijo el auditor.

De acuerdo con la ley, el tope es del 2.5% con empresarios aportantes de campañas y, según el Auditor, esta retribución fue del 1.508%.

Córdoba le solicitó a la Fiscalía investigar dos estudios realizados por la entidad, sobre las posibles irregularidades en la financiación de campañas electorales.

El primer estudio contiene el análisis de las empresas y personas naturales que habrían aportado en diferentes campañas y partidos políticos en el departamento de Antioquia.

El segundo análisis, se hace referencia a los recursos que recibieron las campañas, retribuidos luego en contratos a dedo”, explicó Córdoba.

“Lo que pedimos es que los entes de control amplíen la lupa, para ver si están incursos en la inhabilidad o irregularidades, como lo argumenta la Ley Anticorrupción”, manifestó el funcionario.

Las investigaciones también fueron enviadas a la Procuraduría.