Plan Nacional de Desarrollo borra la Reforma Rural Integral

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El plan de desarrollo propuesto por el presidente Iván Duque Márquez contiene un conjunto de “pactos” que no han sido discutidos ni acordados con actores diversos y por tanto, no merecen ser calificados como tales. Hay, además de unos “pactos transversales” y “regionales”, tres “pactos estructurales” que son la base del plan: por la legalidad, por el emprendimiento y por la equidad. La carta de navegación del gobierno corresponde, ciertamente, a lo que se conoce como publicidad engañosa puesto que en su título “pacto por la equidad” hay dos términos carentes de verosimilitud: pacto y equidad. Además de no ser resultado de un acuerdo social, el plan carece de los recursos institucionales, financieros y técnicos orientados hacia la implementación de una agenda redistributiva. El plan no contiene propuesta fiscal alguna basada en la progresividad del gasto y de la tributación. Tampoco incluye medidas comprometidas con la democratización de los activos o el derribamiento de las barreras de clase. El nombre del plan se parece al del partido del presidente: tampoco ahí, los términos son verosímiles.

En lo que tiene que ver con el campo colombiano, la propuesta gubernamental de desarrollo carece por completo de una perspectiva de equidad en la medida en que privilegia los negocios agroindustriales y desconoce la relevancia socioeconómica, política y ambiental de la economía campesina. De hecho, la política rural del plan denominada “Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural” está incluida en el pacto del emprendimiento y no en el de la equidad. Ahí vuelve y juega la falta de precisión: ¿alianza entre quienes? Quizá ese enunciado sea menos inverosímil si se completa la oración: alianza contra los campesinos.

Ese desequilibrio entre agroindustria y economía campesina va en contravía de lo planteado en el primer punto del acuerdo de paz con las Farc, la Reforma Rural Integral. En el acuerdo se reconoce la importancia de la coexistencia entre distintas actividades económicas y modalidades diversas de producción agropecuaria, entre la agroindustria y la economía campesina. Sin embargo, el plan borra de plano esa coexistencia al ignorar por completo las necesidades y aportes de esta última. La Misión para la Transformación del Campo advirtió claramente que 63 por ciento de los agricultores familiares no tiene acceso a alguno de los siguientes activos productivos (además de la tierra): asistencia técnica, crédito y riego intra-predial. A pesar de esas adversidades, la agricultura familiar genera más de la mitad de la producción agropecuaria nacional. En otras palabras, son mucho más eficientes nuestros campesinos que los inversionistas que dedican grandes extensiones de tierra a cultivos de tardío rendimiento. Estos inversionistas son, además, beneficiarios de generosas exenciones que el plan de desarrollo mantiene intactas.

El hecho de que el plan favorezca en forma desproporcionada a la agroindustria hace dudar de sus posibilidades de inclusión social y productiva. El esquema de las cooperativas de trabajo asociado en el que se suelen basar las cadenas productivas tiende a plantear una relación de monopsonio entre campesinado y agroindustria. Adicionalmente, los inversionistas en cultivos de tardío rendimiento (al igual que las multinacionales mineras), rara vez se sienten obligados a incorporar los estándares de empleo decente de la OIT.

El tradicional sesgo anti-campesino de nuestro estilo de desarrollo se intensificará con la ejecución de este plan. El campesinado brilla por su ausencia en el documento. De hecho, la palabra “campesino” aparece muy pocas veces en el texto. El bienestar de los campesinos se menciona sólo en el objetivo 15 relacionado con seguridad y convivencia ciudadana, en el que se señala que el Sistema Integrado de Seguridad Rural tiene como propósito “velar por el bienestar del campesino” (pág. 35).

Las zonas de reserva campesina no existen en el documento. Tampoco el fondo de tierras.

En el acápite “campo con progreso” la palabra campesino apenas aparece cuando se hace mención de los “mercados campesinos”. Las zonas de reserva campesina no existen en el documento. Tampoco el fondo de tierras. Aunque menciona la importancia de la institucionalidad para lo rural, el gobierno mantiene a la dirección de la Agencia de Renovación del Territorio en la interinidad. A cargo de la Agencia de Desarrollo Rural hay una saboteadora de los acuerdos de paz.

El plan plurianual de inversiones previsto para el cuatrenio asciende 1096,1 billones de pesos, de los cuales, 10 billones 375 mil millones están destinados a la inversión rural. Es decir, que las inversiones en el campo colombiano sólo representan 0,94 por ciento del plan de desarrollo. Esto significaría algo más que 2,5 billones por año, con lo cual, el monto se mantiene -aunque con un leve incremento- en los tradicionales bajos niveles de inversión en el sector.

El plan no propone ninguna estrategia específica para promover la asociatividad entre el campesinado. El Censo Nacional Agropecuario llamó la atención sobre el hecho de que 73,7% de los productores residentes en el campo no pertenecen a ningún tipo de asociación. Esto es grave en la medida en que los campesinos aislados y fragmentados tienen peores condiciones de participación en las cadenas productivas a las que se vinculen. Además, la innovación agropecuaria depende cada vez más de la interrelación de actores múltiples, para lo cual, la asociatividad es condición necesaria.

A pesar de reconocer el grave problema de concentración de la tierra, citando las cifras del Censo Nacional Agropecuario (70,4 % de las Unidades Productivas Agropecuarias tienen menos de cinco hectáreas y ocupan apenas 2 % del área rural dispersa mientras que, en el otro extremo, 0,2 % de las UPA tiene 1.000 hectáreas o más y ocupa el 73,8 % del área rural dispersa censada), el plan no propone nada para resolver el problema. La cuestión del predial rural como mecanismo orientado a contener el acaparamiento improductivo de tierras es ignorada nuevamente. Así las cosas, los conflictos de uso del suelo, los conflictos de tierras y la falta de oportunidades productivas y de ingreso en el campo colombiano, harán mucho más difícil construir la paz.