Plenaria del Senado aprobó ley que regula consultorios jurídicos en universidades

• La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional y que pasa ahora a sanción presidencial, mejorará el acceso a la administración de justicia de la población más vulnerable, para que pueda contar con una adecuada representación y asistencia por parte de personas con conocimientos jurídicos.

El proyecto de ley que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, una iniciativa del Gobierno Nacional liderada por el Ministerio de Justicia, fue aprobado por unanimidad y en último debate por la plenaria del Senado.

“La regulación del funcionamiento de los consultorios jurídicos contribuye a la formación integral de los profesionales del Derecho mediante el fortalecimiento de su función ética y social, y a la consolidación de las instituciones educativas como escenarios de aprendizaje práctico”, indicó el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al celebrar la aprobación en la célula legislativa.

El funcionario añadió que la iniciativa, que pasa ahora a sanción presidencial, mejorará el acceso a la administración de justicia de la población más vulnerable, para que pueda contar con una adecuada representación y asistencia por parte de personas con conocimientos jurídicos.

El proyecto aprobado actualiza la regulación existente de los consultorios jurídicos en las universidades, con el fin de mejorar las técnicas, estrategias, aptitudes y habilidades prácticas de los estudiantes de Derecho.

De esta forma, se consolida una mejor formación universitaria, amplía el número de personas beneficiadas con los servicios de los consultorios, da voz a los ciudadanos y fortalece el sistema de justicia territorial, conforme a las bases del Plan Nacional de Desarrollo y en el marco del Pacto por la Legalidad.

“Garantizar los ajustes necesarios para que los estudiantes, docentes y beneficiarios de los consultorios jurídicos puedan tener acceso y participar activamente en ellos en igualdad de condiciones es una meta propuesta en este periodo de gobierno, que busca combatir la desigualdad y el alcance de la equidad”, destacó el Ministro Ruiz.

Dentro de los cambios más significativos que establece el proyecto de ley está la ampliación de los servicios hacia la conciliación en derecho y en equidad, la representación judicial y extrajudicial, las actuaciones administrativas y el litigio estratégico, y la prestación de servicios de mediación y de mecanismos de justicia restaurativa.