Tan pronto anunció su intención de aspirar a la Gobernación de La Guajira, Oneida Pinto se convirtió en uno de los personajes más controvertidos de la campaña electoral de 2015.

Exfuncionaria del departamento y señalada como la ficha designada para heredar el caudal electoral del Juan Francisco “Kiko” Gómez Cercha (separado de la Gobernación por celebración indebida de contratos), recibió el aval de Cambio Radical y se las arregló para mantenerlo hasta ganar en las votaciones de octubre.

Las redes de veedurías, los partidos políticos que disputaban el cargo y centros de investigación, como la Fundación Paz y Reconciliación, advirtieron repetidamente que Pinto estaba inhabilitada para aspirar al cargo. Una de las razones era que su renuncia a la Alcaldía de Albania (La Guajira) se produjo 11 meses antes de las elecciones para la Gobernación, y la ley es clara al establecer que para aspirar a dicho cargo es necesario renunciar a más tardar un año antes de la jornada de votaciones.

Pero ni Pinto lo reconoció ni Cambio Radical se atrevió a separarla de su lista de candidatos, con lo cual Pinto terminó venciendo en la contienda electoral con 182.482  votos, equivalentes al 65,93%de la votación total.

Como era apenas normal, más duró ella en posesionarse que las demandas en llegar ante las autoridades competentes y fue así como el Consejo de Estado decretó el 7 de junio que Pinto estaba inhabilitada y como consecuencia su elección fue declarada nula.

La funcionaria, que no acababa aun de instalarse en la sede de la Gobernación, en Riohacha, no tenía todo perdido, como salieron a  celebrar sus contradictores. Aunque perdió el pleito para mantenerse en el cargo, se la jugó por uno que en estos momentos no solo la tiene en la mira de la opinión pública sino que también puso a reflexionar sobre la delimitación de funciones del Consejo Nacional Electoral, organismo que está a punto de concederle casi $550 millones por reposición de votos.

En otras palabras, Pinto hizo una campaña política que violaba abiertamente las disposiciones legales y nadie la pudo atajar, se las arregló para gobernar durante unos meses y cuando por fin la destituyen resulta que son los contribuyentes colombianos son los que tienen que pagar los costos de la cuestionada elección.

En plata blanca, la campaña de Pinto a la Gobernación costó $1.084.481.906, y por cada voto obtenido para ese cargo los candidatos tienen derecho a $3.012, lo que quiere decir que Pinto recibiría $549.635.784. El próximo martes, la decisión está en manos de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, y la ponencia favorable fue presentada por el magistrado Emiliano Rivera, quien, según la Fundación Paz y Reconciliación,  “ha hecho bloque de trabajo con la también magistrada Yolima Carrillo, militante de Cambio Radical y familiar de Antenor Durán Carrillo, representante a la Cámara por La Guajira”. El esposo de Carillo, Eugenio Benjumea; y el sobrino de Durán, José Alberto Durán Rodríguez, fueron nombrados por Pinto apenas llegó a la Gobernación en las secretarías Privada y de Hacienda, respectivamente.