La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar contra el senador Álvaro Uribe Vélez, por presunta participación en los perfilamientos hechos desde el Ejército Nacional a más de 130 personas, entre las que se encuentran periodistas nacionales e internacionales, dirigentes políticos e integrantes de ONG.

La Sala de Instrucción de Primera Instancia tomó la determinación al considerar que existen indicios que señalan que la información sobre los perfilamientos llegaba al líder del Centro Democrático.

El alto tribunal adelantará la recolección de elementos materiales probatorios para determinar si abre o no un proceso formal en contra del congresista.

Por este caso, la Corte Suprema ya había ordenado allanamientos a la sede de ciberinteligencia del Ejército ubicada en Facatativá. El alto tribunal también le solicitó a la Revista Semana información sobre las investigaciones que destaparon este escándalo.

Los senadores Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino, que hacen parte de partidos de oposición al Gobierno, radicaron una denuncia penal contra oficiales del Ejército Nacional por los delitos de concierto para delinquir y violaciones al derecho a la intimidad.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra los generales Eduardo Quirós, Gonzalo García Luna, Adelmo Fajardo, Jorge Horacio Romero, Juan Pablo Rodríguez, Diego Luis Villegas Muñoz, Jorge Humberto Jerez Cuéllar, Mauricio Moreno y el excomandante del Ejército, Nicacio Martínez.

La Procuraduría General también llamó a responder disciplinariamente a varios oficiales del Ejército. En la lista se encuentran los coroneles Julio Tobías López Cuadros, Milton Eugenio Rozo, Hugo Armando Díaz, Juan Esteban Zapata y Benjamín Ramírez Villalobos.

Así como los generales Luis Felipe Montoya, exjefe de operaciones del Ejército, y Gonzalo Ernesto García Luna, excomandante del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia.

El 18 de diciembre el equipo de la Procuraduría acompañó las primeras inspecciones al Batallón que se adelantaron por orden de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la investigación.

El Ministerio Público se quedó con copia de las pruebas que allí se recaudaron. Sin embargo, los investigadores decidieron recopilar más evidencia para fortalecer la investigación disciplinaria.

En la diligencia de allanamiento que se desarrolló en diciembre se recolectaron memorias USB, teléfonos celulares, computadores, documentos, entre otros, que también son analizados en el laboratorio de informática forense del órgano de control disciplinario.