Revelan entramado jurídico de “otrosí” para adjudicar tramo vial Gamarra-Ocaña

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A raíz del escándalo de Odebrecht y al revisar el otrosí que llevó a la construcción de la vía que comunica a Ocaña con Gamarra y el Conpes en el que se comprometieron los recursos para este fin, se evidencia que este otrosí es “sui generis”.

¿Por qué? Se pregunta el equipo periodístico de la W Radio que entrega una información que a continuación reproducimos:

En primer lugar porque se firmó sin que se hubieran comprometido los recursos de vigencias futuras necesarias para su construcción. Este contrato se firmó el 14 de marzo de 2014, cuando aún no se había llevado a cabo el Confis y el Conpes, que la ley exige para comprometer los recursos de dichas vigencias. Estos requisitos se surtieron con posterioridad a la suscripción del contrato, el cinco de junio y el dos de octubre de 2014, respectivamente.

Hay otro punto que llama la atención y es que la vida jurídica del contrato, que reposa en su objeto, está condicionada a una serie de requisitos. Si estos no se cumplen, el otrosí,  “se podrá resolver, sin consecuencia de ninguna índole para las partes”.

¿Y cuáles son estas cláusulas? Las mismas por las que el exsenador Otto Bula está siendo investigado por la Fiscalía: la autorización del traslado de vigencias futuras para la obra, la autorización para aumentar las tarifas de los peajes y la autorización para crear dos nuevos peajes.

¿Esto qué querría decir? Que en este caso no se habrían incluido “micos” en el otrosí para favorecer a Odebrecht, sino que se habría diseñado un contrato a la medida de la firma brasileña, para que la ejecución misma de la obra dependiera de sus exigencias.

¿Quiénes tuvieron que ver con la elaboración de este contrato?

El otrosí fue proyectado o redactado por: David Leonardo Montaño García, Yasmina del Carmen Corrales Paternina y Francisco Javier Forero Lozano. Lo revisaron: Daniel Francisco Tenjo Suárez (Gerente Grupo Carretero, quien es investigado por la Procuraduría), Emerson Durán Vargas (Gerente del grupo interno de Trabajo Financiero), Mauricio Orlando Castro Castaño (Gerente de riesgos, investigado por la Procuraduría), Alexandra Lozano Vergara (Gerente de gestión contractual, investigada por la Procuraduría) y Andrés Figueredo Serpa (Vicepresidente de Gestión Contractual, investigado por la Procuraduría). Firmaron: Eder Paolo Ferracuti (Representante Legal del concesionario Ruta del Sol SAS) y el máximo responsable de la infraestructura en el país,  Luis Fernando Andrade Moreno (Presidente de la ANI, investigado por la Procuraduría).

El diario El Tiempo se refirió a la funcionaria Alexandra Lozano y aseguró que ésta “venía de trabajar en el Incoder, en donde ocupó la subgerencia de tierras y terminó involucrada con una red que favoreció al ganadero de Sucre Adalberto Bula Bula con tres predios (…) en plena ciénaga (…) y fue capturada el 16 de agosto de 2014, pero tres días después, dejada en libertad”.

Frente al tema de la exministra Cecilia Álvarez-Correa hay que precisar lo siguiente: más allá de las críticas y denuncias del Centro Democrático sobre sus actuaciones en relación con la autorización de peajes en esta vía, 15 antes de dejar su puesto, y posibles conflictos de interés; vale la pena preguntar ¿por qué razón el 12 de agosto de 2014, 7 días antes de dejar el Ministerio de Transporte, le envió una carta (ver documento adjunto) al entonces Secretario del CONPES, Jaime Torres Melo, para que agendara “de manera prioritaria” la modificación al plan de inversiones del Conpes 3571, que resultó en el traslado de las vigencias de 2024 y 2025, para la construcción de la vía Ocaña- Gamarra, durante los años 2016,2017 y 2018.