La Corte Constitucional le dio un plazo de un año al Gobierno nacional y a las entidades locales y departamentales para que tomen las acciones que correspondan con el objetivo de superar la crisis que vive desde hace varios años el departamento de La Guajira.

El alto tribunal advirtió que los problemas de desnutrición que enfrentan los niños indígenas Wayúu son un factor que debe superarse lo más pronto posible con el mejoramiento y adecuación de políticas públicas eficientes.

De igual forma, el acceso al agua y a la salud para los habitantes en La Guajira se convirtieron en temas de gran preocupación e incidencia de vulneración de derechos fundamentales, por lo que la Corte Constitucional consideró que no existen resultados contundentes en estas situaciones.

La sala de seguimiento del alto tribunal recopiló varias tutelas que fueron radicadas por los habitantes de esa población del país y recordó la obligación que tiene el Estado ante la crisis humanitaria que persiste por la multiplicidad de factores que afectan los derechos de la comunidad.

“El tiempo adecuado para conjurar la situación de urgencia que aqueja a la niñez Wayuú corresponde a un año a partir de la publicación de esta providencia, cuya verificación de cumplimiento, dada la importancia del caso y la naturaleza, se mantendrá en cabeza de esta sala”, advierte la sentencia.

Dentro de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional se encuentran el diseño de programas distintos al PAE que adelanta el Ministerio de Educación y el ICBF; fortalecimiento de los servicios de salud y la lactancia materna.

Según la Corte Constitucional, luego de cumplirse el año decretado para este tipo de acciones, el Estado deberá presentar públicamente los proyectos y estrategias que están dentro de los planes que garantizarán estas políticas.